Procesaron por el delito de peculado a Gabriel Hernández y a tres ex funcionarios municipales

Córdoba.- La medida no incluye la detención de los acusados y fue aplicada por la jueza Viviana Taboada. Es porque no pudieron acreditar el destino que les dieron a más de 12 millones de pesos que ingresaron a las arcas municipales en el año 2003, cuando Hernández era intendente

Gabriel Hernández y varios ex funcionarios municipales de su entorno cuando se desempeñó como intendente capitalino fueron procesados por la justicia provincial por el delito de peculado, al no haber justificado un faltante superior a 12 millones de pesos que en aquella época ingresaron a las arcas municipales en concepto de impuestos, tasas y servicios, coparticipación y ayudas financieras transferidas a través de la Tesorería General de la Provincia.

La medida -que no incluye la detención de los procesados- fue dictada por la jueza de Instrucción y Correccional Nº 6, Viviana Taboada, y alcanza al ex jefe comunal Hernández, a la ex secretaria de Hacienda y Finanzas, María Luisa Capello, al ex tesorero Jorge Luis Loza y al ex contador general de la Municipalidad Luis Paulino Penza. 

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que dio cuenta que durante el ejercicio fiscal que va del 1 de enero al 10 de diciembre de 2003, el organismo fiscalizador registró un faltante de 12.269.880,86 pesos que ingresaron a las arcas de la Comuna capitalina, pero cuyo destino dado por los procesados "es desconocido hasta la fecha".

En su denuncia, el Tribunal de Cuentas advierte que del monto señalado, los administradores responsables de dichos bienes no presentaron los caudales reclamados ni tampoco acreditaron con las correspondientes documentaciones respaldatorias las erogaciones aplicadas a tales montos de dinero, los que "efectivamente ingresaron a las arcas municipales durante el período de mención en conceptos de ingresos de jurisdicción municipal (impuestos y tasas de servicios), coparticipación y ayudas financieras trasferidas a través de la Tesorería General de la Provincia y fondos nacionales acreditados a través de cuentas corrientes de la Municipalidad en las instituciones bancarias que operan en nuestro medio", señala el fallo de la jueza Taboada al transcribir la denuncia del organismo provincial.

Como resultado de la investigación llevada a cabo, las pruebas incorporadas al proceso y las constancias analizadas en esta instancia judicial, para la jueza Taboada, el ex jefe comunal y sus tres funcionarios cometieron el delito de peculado y actuaron en forma mancomunada, primero a los fines de la percepción de los ingresos municipales, y posteriormente en la sustracción de los mismos durante su gestión. "Consecuentemente -dice el fallo judicial- deberán responder conjuntamente por la administración irregular del patrimonio público que se les endilga".

Según la jueza de instrucción, quedó acreditada con el grado de probabilidad característico en esta instancia del proceso, "la sustracción de los dineros pertenecientes a la Hacienda Pública, los que fueron percibidos por los acusados a los fines de su manejo y no se encontraron en el área a su cargo al momento de la inspección efectuada en el mes de noviembre del año 2003 por los funcionarios auditores del Tribunal de Cuentas. Tampoco -dice la jueza en su fallo- los causantes han acreditado ante el citado órgano de control del Estado ni ante esta Judicatura, el destino dado a tales efectos del Tesoro Público, cuya administración les fuera delegada en función de los cargos que detentaban en el ámbito del Ejecutivo Municipal de la ciudad de Formosa durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2003". 

Para la jueza Taboada existe una responsabilidad conjunta de los imputados en el delito atribuido, lo cual surge "en función del área de competencia exclusiva a cargo de los nombrados, habiendo actuado todos ellos en mancomunidad". 

En su descargo ante la jueza, la contadora Capello dijo cuando concurrió a prestar declaración indagatoria, que los fondos fueron utilizados para pagar los sueldos a los empleados, a proveedores y para hacer frente al movimiento normal de la gestión municipal del momento, explicando que los compromisos de pagos siempre fueron mayores que los ingresos. "Se priorizaba el pago del sueldo al personal, lo mínimo para operar y no restaba, no existió nunca intención de dolo o de incumplir con las leyes establecidas, se debió a causas externas", declaró en la causa la ex funcionaria. 

Por su parte, Gabriel Hernández, en ocasión de su indagatoria, se defendió diciendo que no existen probanzas que acrediten que los bienes municipales reclamados hubieran engrosado el patrimonio de los imputados, y que la falta de rendición legal de determinadas sumas obedeció a la toma de los edificios municipales por la agrupación sindical SITRAMF, que impidió el acceso de funcionarios y empleados municipales a sus oficinas a los fines de su función, "situación agravada por el secuestro de documentaciones vinculadas con la gestión económica-financiera de la Municipalidad".