Publicado: 22-02-2011
 


Chubut.- El senador nacional y precandidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz, definió hoy como "un desafío" tener que enfrentar al hijo del ex presidente Raúl Alfonsín en las internas del radicalismo y opinó que su rival "se revalorizó" tras la muerte de su padre. El mendocino señaló que ser el hijo del caudillo radical le aporta a Ricardo Alfonsín un "plus" que él no tiene en la competencia electoral de este año. "No lucho contra el apellido, pero sí es cierto que le genera al otro candidato una suerte de plus adentro de la vida del radicalismo, que no siento como una carga en mi contra, pero es un desafío", subrayó el legislador.

A su entender, la muerte de Raúl Alfonsín, ocurrida el 31 de marzo de 2009, benefició la candidatura del actual diputado nacional por Buenos Aires. "Probablemente, sí. Lo consolidó, lo lanzó, eso es cierto. La muerte de Raúl hizo que el apellido se revinculara, se revalorizara", enfatizó Sanz en declaraciones a Radio 10, al ser consultado sobre si el fallecimiento del ex mandatario favoreció a su hijo.

De todas formas, reconoció: "Está bien que eso haya sido así, porque eso no sólo favoreció a Ricardo, nos favoreció a todos los radicales porque el apellido Alfonsín está más allá de una persona". El senador también le dedicó un párrafo al otro eventual postulante presidencial de la UCR, Julio Cobos, a quien volvió a cuestionar por no participar de la interna abierta y anticipada del radicalismo, prevista para el próximo 30 de abril.

"Los que sentimos que tenemos obligaciones para con el partido, y a la vez sentimos que el radicalismo tiene que darle respuesta ahora a la sociedad, y no esperar a las estrategias del Gobierno en agosto, estamos convocados y vamos a participar ahora", sostuvo Sanz.

A la vez, en un comunicado, aseguró que "los argentinos tienen derecho a saber lo que hace el gobierno". "El mejor remedio contra la corrupción y contra las arbitrariedades es que los mecanismos de control funcionen", afirmó el precandidato presidencial, en relación a la denuncia de la Auditoria General de la Nación contra el Gobierno por retacearle información. Evaluó que "si todo el tiempo y la energía que este Gobierno gasta en falsificar los datos y eludir los controles se emplearan en resolver los problemas del país, muchas cosas estarían mejor".

"Mi gobierno será transparente. Pero haré algo más importante: estableceré por ley los mecanismos que hagan que ningún gobierno en el futuro pueda volver a gobernar desde las sombras como hace éste. Los organismos de control podrán ejercer su función le guste o no le guste al presidente de turno", añadió Sanz, que el próximo miércoles 2 de marzo lanzará formalmente su precandidato en el teatro Gran Rex.
 

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la Auditoría a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad, ya que antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, estrategia a la que recurren habitualmente para ocultar datos, la mayoría oficialista de la Comisión miraba al costado y las auditorías se demoraban.

Esperemos que en este caso la Justicia vaya a fondo con estos temas que, como bien dicen en la Auditoría, están íntimamente relacionados con la transparencia. Y no lo planteamos en forma antojadiza, ya que ante un control al ferrocarril Belgrano Cargas, hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos. Agotadas las instancias, la entidad presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la magistrada María José Sarmiento. Fue entonces cuando el Ministerio de Julio De Vido adujo que extravió los expedientes solicitados, por lo que la jueza debió declarar abstracta la acción de amparo en septiembre último. Si bien la Auditoría apeló la medida, mientras tanto los controles no pudieron funcionar y eso es de lo que se trata.

En otro caso, el juez de turno era Norberto Oyarbide que fue más eficiente, ya que recibió un amparo porque no le entregaban un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa. La comisión autorizó a la Auditoría a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez Federal le ordenó al Administración de Programas Especiales que cumpliera con la solicitud, lo que finalmente se hizo.

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de los legisladores, el más complicado, porque desde que el organismo quedó en manos oficialistas decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la Auditoría, por lo que se ha reclamado a la Justicia. Con la Afip y el Banco Central la relación ha sido dificultosa históricamente y en innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario. También en este caso se recurrió a la Justicia.

Lo cierto es que es una mala noticia para una Argentina, donde la transparencia no es precisamente una de sus virtudes, que sucedan estas cosas en el plano institucional, porque lo único que se logra es desnaturalizar aún más los controles que, necesariamente, hay que aplicar en los organismos del Estado.

Lo que debieran entender los organismos del Gobierno es que aunque el plano económico sea exitoso, la baja calidad institucional hace la diferencia, para con muchos países vecinos que tienen otro perfil frente al mundo. Precisamente porque sus instituciones y sus controles funcionan.