La renuncia del fiscal anticorrupción Manuel Garrido, bloqueado en sus funciones, había encendido alarmas en la embajada de los Estados Unidos, que comunicó al Departamento de Estado su visión de que el gobierno kirchnerista no tenía verdadera vocación de investigar las irregularidades en la gestión.

Así quedó en evidencia a raíz de las filtraciones del sitio WikiLeaks, difundidas a principios de año por el diario español El País.

"La corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política", denunció un informe diplomático enviado en 2009 a Alberto. R. Gonzales, entonces fiscal general de Estados Unidos, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido, en especial las relacionadas con el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial.

"Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", indicó la embajada en uno de los cables filtrados.

También se mencionaba allí la escasa actividad de la Oficina Anticorrupción, que durante los últimos años se centró en investigar casos ocurridos durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. "Apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la administración Kirchner", señalaron los diplomáticos de Estados Unidos.