Durante 2011 la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó 70 informes sobre los estados financieros de varias dependencias públicas y, de ese total, solamente cuatro tuvieron dictamen favorable, en rigor, la mejor calificación que puede recibir un examen de este tipo.

Las auditorías financieras buscan determinar si los estados contables de una empresa o dependencia del Estado son razonables, es decir, si los números expresados en los balances reflejan la situación económica y financiera del ente auditado.

Los informes favorables del año pasado representan sólo el 5,7% del total de investigaciones financieras emitidas por el organismo de control, es decir, uno de cada 17,5. La muestra se completa con 21 dictámenes “favorables con salvedades” (quiere decir que entre los hallazgos del auditor hay excepciones que no permiten una calificación totalmente positiva), y nueve “abstenciones de opinión”, provocadas -generalmente- por las limitaciones al alcance del trabajo de la AGN, o bien, por la incertidumbre que generan los datos obtenidos durante el análisis.

Detalles

Entre las abstenciones de opinión, se destaca un informe sobre el PAMI. Los técnicos de la AGN no pudieron sacar conclusiones de sus hallazgos, entre otras cosas, porque se toparon con debilidades en los sistemas informáticos de la obra social; un padrón de beneficiarios en pleno proceso de actualización y depuración que no representaba un instrumento adecuado para la exposición y liquidación de gastos y retenciones; y diferencias en la registración de pasivos. Tampoco se pudo determinar si la previsión de gastos para los juicios que enfrenta el organismo -y los intereses- era razonable o no. Y además, el Instituto no cuenta con procedimientos que le permitan fiscalizar, en los organismos que corresponde, el monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones que conforman su propio patrimonio.

Otro trabajo con abstención de opinión, fue el que analizó los números de Fabricaciones Militares. En este caso, el motivo de la incertidumbre data de 1995; es que aún se espera que el Congreso de la Nación apruebe una ley que establezca la indemnización para los demandantes por la explosión de la Fábrica Militar en Rio Tercero, en la provincia de Córdoba. Además está pendiente un proyecto de ley de transformación jurídica del ente, entre otras observaciones.

Un informe que también recibió la abstención de opinión surgió del análisis sobre los balances 2009 del Sistema Nacional de Medios Públicos. Ese ejercicio fue considerado “irregular”, porque se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, con la vigencia de la norma, el ente en cuestión fue disuelto el 10 de diciembre de aquel año, es decir que faltaron unos días para que al examen fuera completo. Asimismo, surgieron otras irregularidades en las labores realizadas en la Unidad de Negocios de Radio Nacional; esto no permitió valorar la integridad y confiabilidad de la información registrada. También hubo discrepancias en la liquidación de ATC S.A., no formalizando -a la fecha del trabajo-, la transferencia de los bienes y, además, la Sociedad mantenía un conflicto con dos empresas y no fue posible cuantificar los efectos de esas disputas.

La abstención de opinión en el informe sobre la Administración General de Puertos, se apoyó en que no fue posible presenciar el arqueo de fondos ni la toma de inventarios al cierre del ejercicio 2003. A esto hubo que sumar falta de documentación, y la que había, a criterio de los técnicos, era inadecuada. Se observó una baja confiabilidad en los sistemas y circuitos contables. Los auditores no pudieron satisfacerse de la razonabilidad de los saldos que figuraban en las cuentas del organismo.

Y otro trabajo con la misma calificación, fue el de Nación Seguros de Retiro S.A.. La abstención de opinión de este informe se debió a la incertidumbre sobre cómo se resolverían los conflictos judiciales por las disposiciones finales de la Superintendencia de Seguros de la Nación respecto de la pesificación de los contratos en dólares.

Salvedades

El año pasado hubo 21 informes favorables con salvedades, que son las excepciones que provocan que un auditor no pueda tener una opinión totalmente positiva sobre los balances de un ente analizado.

De esta nómina, se destacan trabajos como el que examinó la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente. La AGN hizo su investigación sobre el ejercicio 2008, pero lo curioso es que su dictamen fue favorable con salvedades, pese a que obtuvo otra vez varios de los hallazgos observados en informes de 2006 y 2007, como por ejemplo que el ente se encontraba implementando un nuevo sistema informático que impactaría en los próximos ejercicios; se detectaron diferencias en valuaciones de pasivos y créditos; y que los auditores no obtuvieron información para el cálculo de complementos que se les abonaba a los beneficiarios.

Las salvedades del informe sobre EducarSE consistieron en que se detectó la realización de reuniones de Directorio que no fueron transcriptas al libro de actas; y el hecho de que, como el ente no obtuvo ingresos suficientes por su actividad, debió recurrir al financiamiento externo. 

Dioxitec S.A., es una sociedad anónima estatal. El 99% de sus acciones pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante a la provincia de Mendoza. Su misión es garantizar la provisión del dióxido de uranio que se usa en las centrales Embalse y Atucha 1. El año pasado la AGN emitió un informe sobre el balance de esta compañía con un dictamen favorable con salvedades, entre otras cosas, por las diferencias detectadas en los consumos pendientes de conciliación, que podrían trasladarse a los inventarios finales y modificar los valores expuestos; diferencias en operaciones realizadas con el accionista mayoritario, y además, al momento de la investigación, la firma se encontraba comprometida en la relocalización de su Planta Córdoba, evaluando los posibles destinos y realizando los estudios pertinentes. 

Otro informe favorable con salvedades fue el del Banco Nación. Ocurrió porque la entidad había implementado mejoras en su sistema informático, pero persistían deficiencias en los sistemas que se usaban para la preparación de balances actualizados de los fondos que administra el Banco en su rol directo de fiduciario. Además, había incertidumbres respecto a la resolución de una garantía afectada con el Estado Nacional.

Las incertidumbres expuestas sobre los balances del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) consistieron en que se esos estados contables se basaban en normas del Banco Central de la República Argentina, que son diferentes de las que rigen en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la información sobre las actividades fiduciarias del ente surgen de estados contables no investigados por otro auditor.

Otros casos

Hay más trabajos con dictámenes favorables con salvedades para destacar:

Informe sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT): se observaron diferencias en las reclasificaciones de bienes de la sociedad;

Informe sobre Tandanor: la incertidumbre se debe a la propiedad y tenencia del 90% del paquete accionario de la empresa, producto de una medida judicial del 13 de noviembre de 2007.

Informe sobre AySA: hubo controversias, entre otras cosas, por créditos con Aguas Argentinas S.A., demandas judiciales sin su respectiva previsión en los estados contables, y por la falta de adecuación del nivel tarifario, que provocó que la empresa fuera financiada con aportes del Tesoro Nacional;

Informe sobre la empresa Nucleoeléctrica S.A.: no se pudo obtener los estados contables auditados del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central Atucha II, obra que aún se encuentra pendiente de finalización;

Informe sobre AFIP: las salvedades consistieron, en general, en la implementación de un nuevo sistema informático de gestión; también hubo incertidumbres en la resolución de conflictos con empresas, causas administrativas y judiciales;

Informe sobre la empresa EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.). Esta firma es de capital estatal, los titulares de su paquete accionario son la Secretaría de Energía de la Nación (99 %) y la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (1 %), y su función es la comercialización de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales. Las salvedades en este último caso se debieron a diferencias en la determinación de impuestos.