Hace poco más de un año, el decreto 297/2020 obligó a la Administración Pública Nacional (APN) a modificar sus maneras de trabajar: tuvo que reinventarse casi por completo. A partir del aislamiento, distintos informes relevaron su funcionamiento en pandemia. Uno de ellos fue realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el cual indicó que gran parte de los empleados enfrentaron la experiencia del teletrabajo sin capacitación previa y que la gran mayoría de ellos lo hicieron con sus propios equipos.

La APN está compuesta por 39 organismos desconcentrados, 73 descentralizados y 90 entes del sector público nacional, y regulada por 15.032 normativas. Según la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, aproximadamente el 60% de los 200.000 agentes que no pertenecen a fuerzas de seguridad se encuentran hoy en día realizando teletrabajo. “Lo que se ha construido durante todo el año pasado es la organización de esos trabajadores para que puedan hacer su tarea desde la casa”, afirmó. 

Para Diego Pando, presidente de la ‎Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), “se llegó al trabajo remoto por una emergencia sanitaria para la cual ningún estado estaba preparado”. Otros especialistas creen que la respuesta fue aceptable aunque plantean distintas cuestiones a rever y mejorar: “El Estado en parte respondió y se adaptó bastante rápido a la nueva coyuntura. Eso no significa que se completó o se desarrolló y se impulsó de manera completa la agenda digital”, dijo Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de CIPPEC.

Es que, de acuerdo al informe publicado por la organización, la capacitación para el desarrollo de tareas remotas y no presenciales sólo alcanzó a un 8% de los equipos de trabajo a cargo durante los primeros meses del ASPO. “Esto muestra que tanto los/as directivos/as públicos como los equipos de trabajo abordaron la nueva experiencia de trabajar a la distancia sin procedimientos de sensibilización formalizados ni entrenamientos específicos previos brindados por el Estado”, precisaron desde la organización.

“Además de este contexto, en nuestro país existe un desafío importante en materia de profesionalización de la función pública. Esto es particularmente relevante en el segmento directivo, caracterizado en su mayoría por designaciones transitorias y excepciones a los requisitos para ocupar esos cargos. Este problema impacta en términos de conocimiento especializado, aprendizaje y memoria institucional”, reflexionó Pando al respecto. 

Tecnología e infraestructura

El relevamiento de CIPPEC arrojó que la mayoría de los dispositivos tecnológicos utilizados por los agentes encuestados eran propios: menos del 25% de los encuestados utilizó equipos provistos por el Estado. Por otro lado, las tareas se llevaron a cabo desde plataformas y aplicaciones de video llamadas como Zoom, Whatsapp y Skype, pero el 75% usó cuentas gratuitas y personales. En este sentido, Castellani explicó que la situación al inicio de la cuarentena dependió del equipamiento previo de cada una de las instituciones. Esto generó una heterogeneidad en el desempeño de cada una de las dependencias.

El informe de la organización se realizó sobre la alta dirección pública de la APN centralizada, esto significa que incluyó a directores nacionales, generales, simples y coordinadores. Sin embargo, no difiere demasiado del realizado por la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), dependiente de la Jefatura de Gabinete, que actualmente está realizando un nuevo relevamiento para evaluar cómo avanzó la provisión estatal de infraestructura.

Esto habla de uno de los mayores desafíos que debió afrontar la APN: proveer a los trabajadores del equipamiento y la capacitación para poder realizar las tareas desde sus casas. En parte, las mismas pudieron adaptarse a la virtualidad gracias al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), diseñado por el ex Ministerio de Modernización. “La base de herramientas que dejó la gestión anterior fue de utilidad pero hubo que mejorarla porque muchos programas y sistemas fueron abandonados. Con las acciones realizadas, durante 2020 se generaron más de 7 millones de expedientes, es decir, un 38% más que en el 2019”, explicó Micaela Sánchez Malcom, titular de la Secretaría de Innovación Pública.

Este organismo fue el encargado de diseñar la app CUIDAR, y procesar y gestionar la innumerable cantidad de permisos de movilidad, entre otras cosas. “Actualmente, se está trabajando en varias líneas. Una tiene que ver con hacer una reingeniería de Trámites a Distancia (TAD), para depurar, ordenar y agilizar la búsqueda y gestión. Agregamos más de 236 nuevas diligencias y la mayoría de ellas tuvieron que ver con el ASPO. De 2019 a 2020 se sumaron 1.400.000 usuarios nuevos. Entre otras cosas, incorporamos opciones online para, por ejemplo, denunciar violencia de género en la APN; realizamos mesas virtuales en varios ministerios para garantizar la gestión de oficios; y digitalizamos cuestiones vinculadas a la producción”, detalló Sánchez Malcom.

Calidad en las tareas

Otro dato interesante que arrojó la encuesta de CIPPEC fue que el 95% de los directivos encuestados afirmó haber mantenido e incluso aumentado su carga de trabajo bajo la modalidad remota: el 61% señaló que se incrementaron las tareas realizadas. Como contracara, este crecimiento no implicó mejoras en la calidad de las tareas desplegadas por los equipos a cargo. Al respecto, un 83% dijo que la calidad del trabajo disminuyó o no presentó mejoras. Entre las causas que repercutieron negativamente en la calidad de las tareas realizadas se identificaron la superposición de las tareas laborales con las del hogar y los cuidados de personas, condiciones desiguales de acceso a infraestructura tecnológica y condiciones familiares adversas.

Futuro

Desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público, Castellani informó que “una vuelta masiva en la APN se realizará cuando exista un control epidemiológico satisfactorio derivado de la vacunación. Mientras tanto, la presencialidad está destinada a los servicios esenciales, y en el resto de los casos se privilegia el trabajo remoto: es el caso de quienes integran grupos de riesgo y padres de hijos menores de 14 años”. 

La secretaria de Gestión y Empleo Público informó que “una vuelta masiva en la APN se realizará cuando exista un control epidemiológico satisfactorio derivado de la vacunación".

Según la ONEP, sólo el 10% de los agentes de la APN se encuentra en el grupo exceptuado de cumplir sus tareas por ser mayores de 60 años. Desde CIPPEC expresaron que hay una gran masa de trabajadores que podrían volver a sus puestos de trabajo si las condiciones de salubridad son aceptables. En este sentido, aclararon que sería menester que la Jefatura de Gabinete se encargue de relevar el estado de las oficinas públicas, el hacinamiento y las condiciones de ventilación, algo que actualmente queda en manos de cada organismo. 

CIPPEC enfatizó la necesidad de que además se piense en una reingeniería de procesos para pensar modalidades híbridas de acuerdo a las capacidades de cada institución. “Los organismos deberían empezar a tener este año algún tipo de instancia presencial en las áreas de atención al público, las ventanillas únicas de trámite y las mesas de entrada tomando en cuenta las condiciones de salubridad; un esquema de turnos rotativos que permita el distanciamiento, en el que no necesariamente los empleados tengan que ir todos los días 8 horas”, argumentó Diéguez.