El Poder Ejecutivo declaró a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a internet, la televisión paga y la telefonía celular y fija como servicios públicos esenciales. Además, congeló las tarifas hasta el 31 de diciembre del 2020 y estableció que en el futuro el aumento de los precios deberá ser autorizado por el Estado. La medida generó controversia y en esta nota la expresidenta del ENACOM, el actual vicepresidente del organismo, la cámara que nuclea a proveedores de internet y una asociación de usuarios reflexionan sobre la reciente disposición.
  
“La declaración de servicios públicos le permite al Estado cuidar a los usuarios y consumidores. El gobierno se pone al frente de la defensa de los que menos tienen”, expresó Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El decreto 690/20, “es una medida excepcional en una situación de excepción" en un contexto de crisis económica donde "resultaba imposible volver a tener un aumento en servicios tan básicos como internet, la telefonía o la televisión paga. Por eso se decidió por única vez un congelamiento hasta el 31 de diciembre”, agregó López.

Gustavo López explicó que el Estado autorizará los pedidos de aumento de acuerdo a costos, inversión y ganancias.

El vicepresidente del ENACOM explicó que el Estado autorizará los pedidos de aumento de acuerdo a costos, inversión y ganancias, por lo que, según él, no afectará a las inversiones. “Nos parece muy importante volver a la inversión estatal y alentar a la privada. Queremos una industria vigorosa que crezca, una mejor calidad de servicio, pero también un precio justo que sea equitativo y equilibrado”, resaltó y aclaró que no es una imposición de tarifas porque el precio lo fijan las empresas.

Silvana Giudici fue presidenta del ENACOM durante la gestión anterior y, en dialogo con El Auditor.info, expresó su discrepancia con la reciente normativa: “Este volantazo regulatorio imprevisto causa más impacto. Sin mediar una conversación o búsqueda de consenso, aparece este DNU que implica, no solo un congelamiento de tarifas, con la cual estamos de acuerdo en un momento de emergencia por la pandemia, sino una intervención directa del Estado en toda la formación de la cadena de valor de la industria”. 
 
“Puede comprometer el funcionamiento de las empresas, generar una regresión de la innovación tecnológica y perdidas de puestos de trabajo, logrando lo contrario de lo que se buscaba”, advirtió Giudici. Para la ex presidenta del ENACOM, hay que diferenciar internet, de telefonía celular y televisión paga y, según ella, el error de base es que el oficialismo pensó que con el DNU se volvía a la situación original de la ley 27.078, Argentina Digital, pero que esa norma "no declaraba servicio publico a la telefonía celular”.

“Puede comprometer el funcionamiento de las empresas y generar pérdidas de puestos de trabajo”, advirtió Giudici sobre el DNU 

Para garantizar el acceso a internet, está el Fondo de Servicio Esencial, donde las empresas aportan el 1% de sus ganancias para conectar aquellas zonas sin servicio donde el Estado tiene la obligación de llevarlo. "Hay que perfeccionar ese mecanismo”, concluyó Giudici. 

Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) también encendieron las alarmas sobre el DNU: “pone en riesgo la subsistencia de más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas que prestan servicios principalmente en las localidades del interior del país. Lamentablemente, el decreto se dictó de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores”.
 
En esta línea, desde CABASE solicitaron a las autoridades abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos del DNU y atender las legítimas preocupaciones del sector, generando las condiciones necesarias para que puedan continuar brindando el servicio con las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país. “Es necesario un esquema específico para PyMEs y cooperativas diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores. Hace falta una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto”, anunciaron.
 
Distinta es la mirada de los consumidores agrupados en la Asociación Argentina Usuarios de Internet: “Estamos felices porque fuimos uno de los impulsores". Junto a otras organizaciones juntaron miles de firmas para que internet sea un servicio esencial con una iniciativa similar a lo establecido el viernes pasado. "El decreto pone en valor el poder ciudadano, cuida el bolsillo de los y las argentinas y boga por los derechos de los prosumidores, porque son consumidores y productores de contenido. Es muy importante que dejemos de ser un país con desigualdad e inequidad en temas digitales y avancemos hacia la equidad”, comentó Sergio Salinas Porto, presidente de la Asociación.