SIGEN y la auditoría a las universidades: ¿aumento de transparencia o amenaza a la autonomía?
La Procuración del Tesoro Nacional autorizó al organismo de control a relevar las universidades públicas. La medida llega en medio de tensiones por el veto presidencial al aumento salarial y genera polémica en el ámbito universitario.
La Procuración del Tesoro Nacional autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a analizar el fondo de usos del Estado en universidades públicas. La decisión implica un cambio en el tipo de control del gasto que se realizaba sobre la educación superior.
El dictamen se fundamenta en la reforma constitucional de 1994, que habilita mecanismos de control sobre la gestión pública. En el caso de las universidades estatales, hasta 2022 la SIGEN podía realizar auditorías o investigaciones específicas en las universidades públicas en casos de denuncias, sospechas o a pedido del Ministerio de Educación de la Nación. El 28 de noviembre de 2022, el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, a través de un dictamen ratificó que la fiscalización externa de los gastos de las universidades nacionales debía continuar a cargo de la AGN y no de la SIGEN. Ahora fue revocada dicha decisión a través de un nuevo dictamen.
Desde la SIGEN indicaron a El Auditor.info que “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de la Sindicatura en el ámbito de las universidades nacionales”.
El dictamen se apoya en el texto constitucional modificado en 1994, que establece la posibilidad de mecanismos de control sobre la gestión pública.
Según informó el organismo, el control que ejercerá la SIGEN en las universidades se basa en la Ley 24.156, junto a la reforma que establece el régimen de autarquía económica y financiera de las universidades. En ese eje, la finalidad es fiscalizar el destino de los fondos públicos y su ejecución en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas y convenios. De esta manera, se procurar verificar las cuentas, procesos y controles internos de las universidades, para evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones.
Durante 2023, la Sindicatura General de la Nación firmó un convenio marco de cooperación institucional con el entonces Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional. Mediante este acuerdo, se comprometieron a llevar adelante acciones conjuntas para promover el mantenimiento de un adecuado sistema de control interno en las universidades nacionales.
“La rendición de cuentas que efectúan las universidades ante la Secretaría de Educación no está suficientemente desagregada, lo que dificulta ver en qué y cómo se gastan los recursos. Si bien las universidades son autónomas y autárquicas, deben respetar los principios de concurrencia y transparencia en los procedimientos de obras públicas”, precisaron en el organismo de control.
Por otro lado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dictaminó que el intento de la SIGEN de auditar las universidades nacionales es “inconstitucional”, alegando que supone una agresión contra el sistema republicano y que la autonomía de las instituciones está contemplada en la Carta Magna. Además, se señaló al Congreso como el órgano constitucionalmente autorizado para realizar los controles.
Diferencias entre SIGEN y AGN
Hasta ahora, el control de los fondos universitarios estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo autónomo e independiente del Ejecutivo. Con este nuevo dictamen, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) podrá asumir la función de control interno en las universidades y complementará a la AGN.
Es importante destacar las diferencias entre ambos organismos de control: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el órgano rector del sistema de control interno del Estado en Argentina, mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN) es un ente de rango constitucional, con autonomía funcional, que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en el control externo de la administración pública nacional.