Demoras y subejecución presupuestaria en la asistencia a personas con VIH
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre algunos problemas en la gestión del programa de asistencia a personas con VIH en Argentina. Observaron fallas en la entrega de medicamentos y procedimientos administrativos irregulares.
La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó el programa destinado a brindar asistencia periódica con medicamentos a las personas que viven con VIH/SIDA. El análisis señaló fallas en la organización, la recolección de datos y los trámites administrativos, lo que afectó el funcionamiento de la política pública. Estas dificultades disminuyeron su desempeño y complicaron el acceso justo a los tratamientos esenciales.
La auditoría recopiló información sobre la situación de las personas estimadas con VIH/SIDA en Argentina, su diagnóstico, acceso a tratamiento y atención en el sistema de salud. El periodo analizado fue el comprendido entre 2017 y 2019.
En 2017 se estima que había 129.000 personas viviendo con VIH en el país. Esta cifra aumentó a 139.000 en 2018, y en 2019 descendió a 136.000. De ellas, el 20% desconocía su diagnóstico en 2017, mientras que en 2018 y 2019 ese porcentaje descendió al 17%.
El 60% de las personas accedió a los tratamientos a través del sistema público de salud.
El 83% de las personas con VIH recibieron atención médica durante 2017. De ellas, el 60% accedió a los tratamientos a través del sistema público de salud, mientras que el 40% restante lo hizo por medio de los subsistemas privado y de seguridad social.
Sin embargo, el Ministerio de Salud no contaba con información sobre las personas atendidas en los subsistemas privado y de seguridad social para los años 2018 y 2019, lo que “limita una visión completa del panorama”, afirmó la AGN.
Datos incompletos y procedimientos irregulares
Durante el periodo auditado se comprobó que la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) utilizaba un sistema informático (SVIH) no aprobado formalmente para gestionar la asistencia de los medicamentos antirretrovirales. Además, en algunos casos, la información solo estaba en formato papel y, en otros, en el sistema SVIH. Esto, según la AGN, provocó “la dispersión de información para el control de la efectiva dispensa”.
Cabe destacar que el sistema informático permite registrar la entrega de medicamentos y que la persona que lo reciba sea clasificada como "activo". Esto facilita el seguimiento de los tratamientos y acceso a los fármacos proporcionados por el Estado.
Por otra parte, el informe da cuenta de que no se cumplió con el procedimiento fijado en la Resol. MSal. 763/1998 en relación a la verificación de la entrega de los medicamentos a los pacientes.
“Se observaron demoras de hasta nueve meses en el proceso de compra, desde su inicio hasta la entrega de los medicamentos”, afirmó la AGN.
En cuanto al mecanismo de estimación para la compra de medicamentos, el área encargada utilizaba un sistema de stock propio basado en unidades de consumo, que no coincidía con el número de pacientes registrados en el sistema SVIH. Como resultado, el informe destacó que “las estimaciones para las compras fueron menores a las necesarias según la cantidad de pacientes en tratamiento”.
El documento, aprobado en julio de 2024, expuso que “la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud no fue eficiente, ya que se observaron demoras de hasta nueve meses en el proceso de compra, desde su inicio hasta la entrega de los medicamentos”.
Además, se registraron plazos contractuales vencidos y retrasos en los procedimientos, lo que resultó en un aumento promedio del 35% en el valor original del contrato. A esto se sumó la falta de control en la recepción de las notas de crédito.
Recortes presupuestarios
En relación con los recursos asignados al programa, se observó una reducción en el presupuesto inicial: del 23,46% en 2017, del 8,8% en 2018 y del 7,5% en 2019.
El crédito vigente no se ejecutó por completo, ya que en 2017, 2018 y 2019 se alcanzaron porcentajes de ejecución del 89,65%, 84,40% y 79,54%, respectivamente. Durante el período auditado, el "Programa 22 - Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecciosas" presentó una subejecución presupuestaria promedio del 15%.