El 22 de abril de 2020, día Internacional de la Madre Tierra, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. El pacto fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que lo considera como único en su tipo a nivel mundial.

Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Busca dar garantías en tres ejes ecológicos: el acceso a la información, a la justicia y la participación pública. Es un instrumento jurídico pionero en materia de protección del entorno para que las personas, los grupos y las organizaciones que promueven activamente los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad.

El convenio permite que la ciudadanía se involucre, consulte y pida información de esa temática a las autoridades competentes. Esto se puede gestionar sin mencionar motivo y deberá ser recibido, como máximo, a los 30 días.  Además, el tratado garantiza que una vez recibida, el público pueda presentar observaciones sobre la actividad o el proyecto en cuestión. En el caso de que las personas directamente afectadas hablen idiomas distintos a los oficiales, se les tendrá que facilitar su comprensión y participación.

El Acuerdo de Escazú busca dar garantías en tres ejes ecológicos: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.

Por otro lado, el documento aborda los desafíos presentes más acuciantes de la región, tales como la explotación intensiva de bienes, la conflictividad socioambiental, la situación de los grupos vulnerables y los derechos de los activistas.

El acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El 27 de septiembre de 2018, fue suscripto por 24 de ellos. Este año, 12 países lo ratificaron, entre ellos Argentina. Mientras que otros diez tienen pendiente la aprobación.

Entre las naciones que aún no lo suscribieron figuran algunas en donde es urgente su implementación. Brasil encabeza la clasificación de los países que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch. Por su parte, Perú y Colombia ocupan el quinto y sexto lugar de esa lista respectivamente.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) consideró que Argentina debe dar un paso adelante y situarse a la vanguardia de las discusiones que abordan las cuestiones ecológicas, y los desarrollo de derechos en general y de DDHH  en particular. Además, múltiples organizaciones y activistas en la región coincidieron en que el Acuerdo de Escazú busca hacer frente a problemáticas actuales como el cambio climático, contaminación y deforestación, entre otras.