Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, ambos integrantes de Encuentro Federal, presentaron un proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley de Ética Pública en relación a la transparencia patrimonial. El documento pretende incluir a los asesores presidenciales en la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, requisito que actualmente se exige a ministros y funcionarios, pero que excluye a asesores y consultores designados por el Ejecutivo.

El proyecto busca regular a aquellos funcionarios designados directamente por el gobierno para tomar decisiones en áreas con presupuesto. Actualmente, estos funcionarios no rinden cuentas ni están sujetos a mecanismos de control en el marco de la Ley de Ética Pública”, explicó Esteban Paulón en comunicación con El Auditor.info.

Según el funcionario, la propuesta busca cerrar vacíos normativos que permiten que asesores con influencia en áreas como Justicia o Inteligencia operen sin mecanismos de transparencia ni controles adecuados. Con la modificación planteada estos asesores, que pueden llegar a tener roles con decisiones de gran impacto y acceso a presupuestos, estarían sujetos a las mismas obligaciones de rendición de cuentas que los ministros. 

"Existen asesores contratados bajo la modalidad del monotributo, eso representa áreas de riesgo en la administración pública si no se exigen informes patrimoniales y se los excluye del control”, especificó Paulón.

En ese eje, la modificación también contempla a los asesores de alta dirección que perciben salarios superiores a un determinado umbral, incluyendo a aquellos sin dedicación exclusiva o con modalidad de contratación independiente. Con el proyecto de ley, se eliminaría la posibilidad de que asesores y consultores desempeñen funciones delegadas por el presidente sin rendir cuentas a la ciudadanía.

Esteban Paulón fue electo diputado nacional representando a la provincia de Santa Fe.

Al respecto, Paulón señaló que algunos asesores tienen una relevancia política comparable a la del jefe de Gabinete, e incluso manejan recursos considerables en ciertas áreas sin responsabilidades claras en términos de transparencia. Según el diputado, estos asesores no solo tienen poder de decisión, sino que también influyen en la formulación de políticas públicas, sin los mismos controles aplicables a otros altos funcionarios del Estado.

Otro aspecto clave del proyecto es la prevención de conflictos de interés, especialmente en áreas sensibles del Estado. Al incluir a los asesores en el régimen de Ética Pública, la legislación buscaría reducir las posibilidades de conflictos de interés en decisiones gubernamentales.

El diputado afirma que los asesores con acceso a información relevante deben estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro funcionario de alto nivel. Es importante destacar que el cambio normativo apunta a mantener el control sobre quienes ocupan cargos de responsabilidad política y económica.

“Algunos actores políticos que antes se oponían a esta práctica, podrían buscar postergar la aprobación del proyecto y argumentar la necesidad de revisión activa”, contextualizó Paulón en función a las posibles resistencias que la propuesta podría enfrentar al momento de su aprobación.

Por último, el diputado subrayó la importancia de promover políticas de transparencia en la gestión pública de manera sistemática para mejorar la estructura administrativa y fortalecer la responsabilidad de todos los funcionarios.