Desde hace un tiempo, en el ámbito de la política se habla de la calidad institucional como un objetivo a cumplir o a alcanzar. El termino “calidad institucional”, sin embargo, resulta difuso para la ciudadanía, pues cuesta visualizar de un modo concreto de que se está hablando.

 

Nos gusta definir “calidad institucional” como división de poderes, medios de comunicación independientes y control.

 

Resultó llamativo que ante el reciente fallo de la corte avalando la libertad sindical, aparecieron algunos sectores sorprendidos de que no se pudiera hacer nada. Se preguntaban, ¿Cómo es que el Poder Ejecutivo no puede modificar lo dictaminado en el ámbito de la justicia? Una vez mas se cae en el equívoco de un único poder (el presidencial), al que los otros se someten.

Algo similar ocurrió en el caso de la resolución 125 y el Congreso.

 

De todos modos, estos hechos alentadores aun no alcanzan para decirnos que logramos una división de poderes afirmada y sostenida. Han sido dos buenos pasos en un camino que es largo.

 

Nuestra Constitución es la norma a seguir. Es el gobierno de las leyes sobre el de los circunstanciales gobernantes. Estos deben ser los primeros en someterse a las normas pues, de lo contrario, se cae en la impunidad y el descontrol. Un funcionario que pone la ley a su propio servicio provoca un daño incuantificable en términos económicos.

 

La ley es la garantía de los postergados y el límite de los poderosos. El gobernante que no la cumple, en definitiva, atenta contra la legitimidad de su fuente de poder. Los elegidos por el pueblo tienen, entonces, la mayor de las responsabilidades ante la ley pero, no por eso, el resto del pueblo queda exento de ella.

 

La ley nos debe alcanzar a todos. La coima, el acomodo, el no pago de los impuestos, la “viveza” no son virtudes y no tienen excusa. Por ello, para el fortalecimiento de las instituciones es necesario un mensaje claro desde cada uno de nuestros tres poderes. Que cada poder sepa diferenciarse, dentro de la ley, para servir desde su rol a la ciudadanía.

 

En ese mismo sentido es que se necesitan medios de comunicación que se preocupen por la verdad. Y dentro de los medios, periodistas preocupados por la verdad.

 

Por último, el control.

Cuando los controles institucionales se debilitan, se acrecienta el riesgo de que los gobernantes caigan en la impunidad. El control es el límite, no la oposición. Los controles en las organizaciones evitan que los que tienen las mayores cuotas de poder actúen como dioses entre los hombres, entre sus pares.

 

La mayoría de las constituciones de nuestras provincias y la Constitución Nacional tienen receptada la figura del control. El control direcciona y protege. Realimenta y es un desafío. Así como todos tenemos la obligación de cumplir con la ley, también todos tenemos el derecho de controlar el accionar de nuestros funcionarios. Para ello, los organismos de Control deben ser independientes de la coyuntura política, deben ser dotados de presupuestos y conformados por personal técnico capacitado. A su vez, estos organismos deben accionar mecanismos de participación de la ciudadanía para no quedar vacíos de contenido. Se debe controlar lo que el pueblo necesita que se controle.

 

Desde estos pilares podremos ir construyendo instituciones calificadas y por eso mismo útiles a nuestra Nación.

Hugo Quintana