Durante las últimas semanas, la Cámara de Diputados de la Nación debate la llamada Ley de Leyes. Cumpliendo con lo establecido por la Ley de Administración Financiera 24.156, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, acompañado de un mensaje que detalla los objetivos propuestos, la metodología utilizada para estimar los recursos y las autorizaciones de gastos. Ahora el Congreso debe analizarlo, discutirlo y proponer modificaciones, con el objetivo de aprobarlo y convertirlo en ley. Este proceso no se cumplió el año pasado ya que, en plena campaña electoral, el entonces candidato Javier Milei solicitó al exministro de Economía y también candidato, Sergio Massa, que se postergara su discusión. En consecuencia, al no haberse aprobado una Ley de Presupuesto para 2024, el Gobierno Nacional se manejó con un presupuesto prorrogado y márgenes de discrecionalidad.

La propuesta actual elevada por el Ejecutivo consta de 75 artículos y más de 50 planillas anexas que detallan con precisión cómo se distribuyen los recursos entre los organismos, jurisdicciones y áreas de gasto del Estado. El proyecto oficial pronostica cerrar el 2024 con 104,4% de inflación, mientras prevé un 2025 con 18,3% de inflación. También estima un tipo de cambio oficial de $1.207 por dólar y un crecimiento de 5% del PBI para el año próximo. 

Si bien los presupuestos son proyecciones que pueden ser desacertadas, las que figuran en la presentación fueron criticadas. Al respecto, el economista Javier Curcio manifestó que “son supuestos de imposible cumplimiento” debido a que “como la inflación está mal calculada, el resto de las variables también”.

Ante esta situación, los bloques opositores en el Congreso están ante una disyuntiva ya que si bien el proyecto es pasible de muchas críticas y requiere ajustes y modificaciones, también es importante que el presupuesto sea sancionado por Ley del Congreso ya que garantiza mayores controles y transparencia en el uso de los fondos públicos, asegura que las prioridades de gasto cuenten con un respaldo democrático y permite una gestión fiscal responsable que se ajuste a las necesidades y recursos del país.

Al analizar el articulado en materia educativa, el primer aspecto que se destaca es el artículo 27, que establece: “Suspéndese para el ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional…”. Esto implica una suspensión del cumplimiento de leyes fundamentales para el sistema educativo, como la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, el mandato de incremento progresivo del presupuesto para ciencia y tecnología, y el requisito de destinar al menos el 0,2% de los ingresos corrientes al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. 

En cuanto al presupuesto educativo, para la función Educación y Cultura, que sufrió una caída del 40,2% durante el 2024, se estipula un aumento del 0,65% para el año próximo (en base a la inflación estimada en el proyecto). Sin embargo, si analizamos los números en base a las expectativas de inflación, surgidas del Relevamiento de Expectativas de Mercado que realizó el Banco Central de la República Argentina, encontramos que la función Educación y Cultura sufrirá una caída del 6,93% en términos reales. 

El año pasado el presupuesto educativo fue de 1,48% del PBI. Tras los recortes aplicados en el año en curso, el mismo va a terminar en un 0,91% del Producto Bruto Interno. Y para el año próximo se estima continuar esta tendencia, asignando un 0,88% del PBI. Con estos números, el Gobierno no sólo castigó a la educación con un fuerte ajuste durante este año, sino que pretende mantener la tendencia negativa para el que viene.

Entre los programas afectados por el recorte se encuentran algunos como el Conectar Igualdad, Fortalecimiento Territorial, Mejoramiento de la Calidad Educativa y Acompañamiento de Organizaciones Educativas. En un país atravesado por la pobreza y la desigualdad, la eliminación de programas como el Conectar Igualdad implica la pérdida del acceso a tecnología y conectividad para millones de niños y niñas de familias vulnerables, ampliando la brecha digital. Esto limita sus oportunidades educativas y reduce sus posibilidades de adquirir habilidades digitales que son fundamentales en el mundo actual.

En materia universitaria, el panorama para 2025 también es desalentador: el Consejo Interuniversitario Nacional, que celebró su 92° plenario en La Pampa durante agosto, aprobó una solicitud de Presupuesto al Estado Nacional de 7,19 billones de pesos, lo que representaba –según sus estimaciones– alrededor del 1% del PBI nacional. Esta forma de elaborar una propuesta de presupuesto para las universidades nacionales es una práctica histórica del CIN, que logra recoger las pretensiones de las más de 60 casas de estudios para incluirlas en una propuesta única, con una distribución al interior del sistema en base a pautas objetivas que consideran –entre otros puntos– la cantidad de facultades y el tamaño de cada institución, las cantidades de alumnos, docentes, empleados y funcionarios, la existencia de colegios preuniversitarios, hospitales e institutos de ciencia y tecnología, así como también sus proyectos institucionales.

Sin embargo, a pesar de los gestos de buena fe y promesas de parte del secretario Torrendel y el subsecretario Álvarez, el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 elaborado por el Ejecutivo le asigna a las Universidades Nacionales sólo $3,8 billones. Muy lejos del número solicitado por el CIN.

Se acaba el tiempo

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados es la encargada de debatir, modificar y dictaminar el proyecto para su tratamiento en sesión. Desde la presentación ha recibido la visita de algunos funcionarios nacionales que defendieron la propuesta del Gobierno en sus áreas de referencia. La última presencia fue la del secretario de Educación, Carlos Torrendel, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. 

Desde aquella reunión realizada hace ya más de dos semanas, las actividades de la Comisión fueron suspendidas y la discusión por el Presupuesto 2025 se encuentra en un parate. El tiempo para discutirlo se agota: el período de sesiones ordinarias está por concluir, y –a menos que el Ejecutivo decida extenderlo o convoque a sesiones extraordinarias– podría quedar bloqueada toda posibilidad de aprobar el Presupuesto. 

Durante este año no contamos con Ley de Presupuesto por un acuerdo entre Javier Milei y Sergio Massa. El Presupuesto para el año próximo está en la cuerda floja: peligra su tratamiento y aprobación. De darse esta situación, sería el segundo año consecutivo en que la actual administración se maneja sin Presupuesto de Ley, profundizando un escenario de manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos.