La semana pasada, Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, diputados nacionales del Frente Para la Victoria y PJ, denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por haber firmado la resolución que habilita la transferencia de la base de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. También fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Jorge Greco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun. Los delitos que le imputan al ministro coordinador son incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, violación de secretos y de la privacidad.

Gestionpublica.info dialogó en exclusiva con Beatriz Busaniche, miembro de Fundación Vía Libre y magister en Propiedad Intelectual, quien exclamó que esta transacción de pasar los datos del Anses a la Secretaria de Comunicación colisiona con los principios de protección de datos y con los derechos fundamentales. En Argentina, desde la reforma del 94´, estos derechos están incorporados a la Constitución Nacional en el artículo 43 y fueron regulados por la Ley de Protección de Datos Nº 25.326 en el año 2000.

Ante la pregunta ¿tenemos que preocuparnos?, Busaniche respondió que sí, que todos los ciudadanos que sus datos sean utilizados con fines distintos a los cuales justificaron su obtención, deben preocuparse. En Argentina el Derecho de protección de datos personales es un derecho constitucional, relacionado a la privacidad de las personas, con la posibilidad de tener pensamientos autónomos, aclaró.

Al referirse a las denuncias penales realizadas por los diputados, la especialista resaltó que una de las tareas más importantes que tienen por delante los legisladores es mejorar la Ley de protección de datos porque tiene partes y principios que son muy garantistas pero que a la hora de regular lo que el Estado hace con esos datos es muy laxa y nos deja con muy pocas garantías. Según dijo, es necesario dejar de lado esta doctrina de regular los datos solo hacia el sector privado cuando el sector público también hace uso de estos y hasta puede llegar a ser abusivo.

Bases de datos peligrosas

En Argentina existen varios proyectos con bases de datos que han sido filtradas y resultan una amenaza a la protección de datos personales. La base de datos de la tarjeta sube es peligrosísima porque no solo tiene la información personal sino permite trazar mapas de tus movimientos cotidianos que te permite sistematizar y en base a eso saber a dónde vas y con quien te moves, explicó Beatriz Busaniche y además lamentó que Cristina Fernández de Kirchner se preocupe ahora, cuando ella dejó instaladas bases de datos peligrosísimas como los documentos de identidad, SUBE, o AFA PLUS, que afortunadamente nunca se implementó pero la base de datos se hizo y nadie sabe quien la tiene. Esto último lo dijo en relación a los comentarios de la ex presidenta en la red social Twitter donde analizó la situación.

Transparencia

Los límites de la transparencia y la privacidad se mezclan y confunden. Por eso, según Busaniche, hay que trazar una línea lo más gruesa y marcada posible entre datos públicos y privados. Lo público debe ser transparente y lo privado opaco. La ciudadanía tiene que tener el derecho y el acceso a la información pública, por ejemplo a las licitaciones, adquisiciones, pauta de publicidad oficial, planta de personal, políticas públicas. Todo lo que es información pública debe ser lo más transparente al ciudadano. Pero la privacidad al ciudadano debe ser lo más oscura posible para proteger un derecho fundamental que es el derecho a la privacidad. Cuando el Estado administra datos que son del ciudadano debe ser particularmente protector de ellos, aclaró.

Al finalizar la entrevista, Beatriz Busaniche volvió a recomendar a los legisladores que se apuren en hacer una buena Ley de protección de datos, que le pongan límites al Estado y que establezcan una autoridad de aplicación autónoma y autárquica que no tenga que agachar la cabeza frente a lo que diga el jefe de Gabinete sino que tenga la posibilidad de ponerle límites al Presidente de la Nación cuando comete prácticas abusivas.