Por supuesto, habrá que ver como se implementan esos cambios y, además, si existen en la administración pública los cuadros administrativos capaces de llevar adelante la tarea con idoneidad y probidad. La Argentina no es un país que se caracterice por tener malas leyes. Más bien lo contrario. El problema, denunciado por muchos observadores y protagonistas de la vida política nacional, es la enorme dificultad que existe a la hora de garantizar el respeto por la norma, es decir, el cumplimiento de la ley. Un concepto muy arraigado en la tradición jurídica anglosajona como el law enforcement prácticamente es desconocido en nuestras latitudes. Se observa en la vida cotidiana, por ejemplo en la sistemática e impune violación de las leyes del tránsito o de ciertas reglas elementales, tales como la que establece la obligatoriedad de que los taxis tengan cinturones de seguridad en perfecto funcionamiento. Las normas son claras y sabias, pero como no existe la vigilancia que garantice el respeto de las mismas y el castigo a los infractores las normas se convierten en letra muerta. Hay un riesgo cierto de que con las reformas anunciadas más arriba pudiera ocurrir lo mismo. Sólo el tiempo dará su veredicto definitivo.

Mientras, cabe formular un par de observaciones. En primer lugar, estas reformas deberán ser acompañados por una intensa campaña de educación ciudadana que susciten un cambio de actitud de la población en relación al tema fiscal y las obligaciones tributarias. No es un misterio para nadie que la turbulenta historia económica, social y política argentina no constituye precisamente el mejor terreno para el florecimiento de una nueva actitud ciudadana. Una premisa ampliamente difundida en nuestra sociedad sostiene que el régimen tributario es insanablemente injusto y que sólo pagan impuestos los contribuyentes cautivos: empleados y gentes en relación de dependencia a quienes se le descuentan los impuestos por planilla mientras que patronos y cuentapropistas se benefician de innumerables mecanismos de evasión y elusión.

Por otra parte, también es sabido que entre 2000 y 2008 la presión tributaria argentina creció según cifras oficiales en un cincuenta por ciento, pasando del 20,9 del PIB al 31,4 por ciento. Esto coloca al país en una situación similar a la de un país como Canadá, con 32.2 por ciento del PIB pero con una abismal diferencia en lo tocante a las prestaciones y servicios sociales que estos dos países ofrecen a partir de una muy semejante presión tributaria. Por lo tanto, convencer a la ciudadanía que los cambios propuestos tenderán a corregir las inequidades existentes en materia de carga fiscal y a asegurar la devolución del esfuerzo ciudadano por la vía de más y mejores prestaciones sociales será una de las impostergables tareas del futuro. Claro está que esta prédica sólo será creíble en la medida en que los hechos concretos acompañen a las palabras. Ese será claramente el mayor desafío. No se creará una nueva cultura fiscal sólo con meras promesas. Se requerirán acciones concretas para evitar una nueva frustración y construir una auténtica ciudadanía fiscal. Sin esta, la ciudadanía político-electoral se volatiliza en un puro formalismo carente de eficacia legitimadora del orden democrático.

Un segundo tema, no menos espinoso, es el siguiente: para que las nuevas políticas puedan ser exitosas será necesario introducir una urgente reforma tributaria que demuestre con hechos que a son un proyecto serio. Es imprescindible, por ejemplo, acabar con el absurdo del impuesto a las ganancias con el que se castiga a ciertas categorías de asalariados e inclusive de jubilados; lo mismo con el impuesto al cheque, que conspira contra la utilización de ese instrumento de pago que, por ejemplo, tiene amplia circulación en países como Brasil y Chile. La mitad de la recaudación tributaria argentina la aportan el IVA y ganancias, lo cual constituye un grotesco absurdo. Causó profundo estupor, y en no pocos casos indignación, la abolición de las retenciones para ciertas ramas de la producción agropecuaria y minera, al paso que se aceleraba la espiral inflacionaria, se contraían los salarios reales y se mantenía la presión tributaria sobre asalariados y consumidores. Más allá de que el tema de la reforma tributaria no puede ser encarado sólo a partir de necesidades coyunturales no hay dudas de que algo habrá que hacer y en el muy corto plazo mientras se discute una reforma integral para el largo plazo.

Adam Smith decía que lo que era sensato en el manejo de un hogar no podía ser insensato en el manejo de un reino. Cualquiera sabe que reformar una casa exige un esfuerzo financiero, que luego podrá recompensarse en términos de comodidad o de valoración del inmueble. Lo mismo ocurre en la gestión estatal: mejorar el estado, sobre todo en su flanco fiscal, exige una reforma tributaria para afrontar los costes del proceso de cambios. Puede parecer un círculo vicioso, pero no lo es. Para resolver este desafío hay un solo camino: avanzar urgentemente en una reforma tributaria parcial que corrija las inequidades más flagrantes que socavan la ciudadanía fiscal. Para ello se deberá respetar un principio fundamental de la equidad tributaria: que los sectores más ricos sean los que asumen los costos del sostenimiento del estado. En otras palabras, la proporcionalidad entre riqueza y tributación. Sin ello, las reformas que está promoviendo el gobierno pueden quedar en letra muerta.