A través de una nota destinada al presidente de la Legislatura de la provincia de Chubut, representantes de Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresaron su preocupación por el proceso de designación del nuevo defensor del Pueblo local, Héctor Omar Simionatti.

En diálogo exclusivo con gestionpublica.info, Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, explicó los motivos de la presentación, las irregularidades detectadas y los pasos a seguir. Además, analizó la situación de acefalia que atraviesa también la Defensoría del Pueblo de la Nación.

¿Cuáles son las principales irregularidades que se encontraron respecto a la designación del Defensor del Pueblo?

Si bien es cierto que el Defensor del Pueblo fue nominado y votado por los integrantes de la Legislatura de Chubut, consideramos que existen algunas cuestiones que nosotros queremos puntualizar y que no han sido tenidas en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con que no ha existido una terna de candidatos propuestos para que la Legislatura seleccione entre esas personas. En segundo lugar, tampoco existió un procedimiento participativo por el cual se pudieran expresar opiniones respecto al candidato propuesto. Y en tercer lugar, los antecedentes establecidos por ésta persona que resultó electa tampoco son suficientes  según el criterio que hemos evaluado. Por que tiene como antecedente haber sido asesor de la Legislatura y la policía.

¿No hubo instancias para hacer presentaciones previo a la designación?

Las organizaciones locales hicieron el planteo, pero fue una nominación muy rápida, se realizó en muy poco tiempo. No obstante, vale aclarar que la nominación de este candidato si bien fue votada por la Legislatura, no lleva la firma del presidente.

Entonces, ¿está designado y firme en su cargo?  

Esta votado, pero faltaría en el acta la firma del presidente de la Legislatura que es la que termina de perfeccionar el acto. Eso deberán enmendarlo o se podrá impugnar eventualmente.      

Igualmente, esta situación de acefalia en un organismo de control se ve no sólo en Chubut sino también en la Defensoría del Pueblo de la Nación que el cargo del titular está vacante hace unos cuantos meses…

Si por supuesto. Hace ya 5 meses que la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala, sin titular. La Defensoría del Pueblo es organismo personal, no es un organismo institucional. Lo que quiere decir que si la persona no está nombrada, ese organismo no funciona. Creo que este es un panorama de la crisis que están viviendo los organismos de control en el país, donde hay un montón de trabas para su funcionamiento como la falta de nombramientos, o nombramientos de personas amigas o legisladores que terminan sus mandatos, etc. Y la verdad que si queremos una Democracia que realmente se fortalezca y se profesionalice, este tipo de organismos deberían estar en manos de los más idóneos y no de los más amigos.             

En la presentación que realizaron en Chubut señalan que las Defensorías del Pueblo, salvo algunas excepciones, aún no han conseguido posicionarse ante la población como una entidad confiable, activa y capaz de defender los derechos de la población que imaginaron los legisladores. ¿Qué crees que hace falta para alcanzar este objetivo?

Fundamentalmente lo que hace falta es autonomía de funcionamiento y posibilidad de que las defensorías tengan esa estabilidad institucional que les permita su pleno desarrollo. Hay un montón de condicionamientos que evitan la posibilidad del buen desarrollo de las acciones del organismo. Más allá del personal técnico que trabaja en las defensorías (que en la mayoría de los casos hace muy buenos trabajos), no terminan de desarrollar sus funciones porque no existe un funcionamiento pleno que le permita a la defensoría avanzar con su cometido.

A nivel nacional, ¿hubo nuevos reclamos y avances en cuanto a la designación del Defensor del Pueblo, ya sea de la oposición o del oficialismo?      

Lamentablemente no hemos tenido una respuesta formal, hemos participado de la reunión de la comisión. Y ese encuentro nos ha dado como resultado una situación en la cual el informe de algunos diputados nos ha hecho saber que no existe intención de nombrar al nuevo Defensor del Pueblo porque se dice que no hay consenso. Ahora bien, la obligación del Poder Legislativo no es elegir al Defensor del Pueblo, sino es nominarlo. Pero en este caso, ni siquiera existe esa última voluntad. Evidentemente estamos en una situación de falencias que nos llevará seguramente en un breve tiempo a presentar la única herramienta que nosotros tenemos a nuestro alcance: una acción judicial tendiente a que se corrija esta omisión constitucional que están realizando los legisladores.