Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) afirma que algunos abogados contratados hace más de 13 años para trabajar en la aplicación del Fondo de Contribución del Gas, cobraron montos “muy superiores” a lo que les correspondía y que aún no terminaron su labor pese a que “el plazo previsto para completar sus tareas se encuentra vencido”.

El Fondo de Contribución nació en octubre de 1996 para financiar las obras del tendido de la red de gas. Se nutrió de un excedente cobrado a las transportadoras que fue transferido a las tarifas de los usuarios finales y rigió hasta el 31 de diciembre de 2002.

El administrador del Fondo fue el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que extraía el dinero necesario para pagar la regularización de las “servidumbres”. La servidumbre es el derecho real que habilita ejercer acciones sobre un inmueble ajeno. En este caso, se trató del derecho real administrativo de las transportistas y distribuidoras de gas natural para que puedan cumplir sus actividades sobre inmuebles de terceros. Por otro lado, con el fondo también se afrontaron los daños y perjuicios a los propietarios de los terrenos afectados por las obras de Gas del Estado S.E., la ex proveedora del servicio.

Para regularizar los derechos sobre los terrenos donde tuviera instalaciones, Gas del Estado S.E. contrató en enero de 1993 a Emprint S.A. que se comprometió a administrar y ejecutar ese trabajo durante cuatro años. El informe de la AGN señala que en el período 1993-2000, la empresa cobró $ 28.045.234,16.

Ya en 2002, el organismo de control había calificado de “irregular” el contrato con Emprint y estimó que los costos de administración estaban “sobrevaluados”.

A partir de ese contrato, Gas del Estado convocó a abogados y agrimensores para que confeccionen servidumbres de ocupación sobre predios de terceros. Los letrados debían cobrar en total $ 8.318.700 con un adelanto del 20%. Pero desde 1994 hasta el final del período auditado por la AGN -2006-, percibieron $ 7.787.637,23, de los cuales $ 4.172.938 fueron en concepto de adelanto, es decir, más del 50%. En tanto que los agrimensores recibieron $ 108.645.230,36.

Durante la labor de los profesionales se declaró la liquidación de Gas del estado y el contrato con Emprint fue transferido a la Secretaría de Energía. Además, se firmaron 7256 convenios con los “superficieros”, propietarios de los terrenos, por $ 28.344.837,82. En este ítem la AGN detectó una efectividad del 68,91%, porque aún restan suscribir 3274 contratos, pese a que “el plazo previsto para completar las tareas de regularización se encuentra vencido”, dice el informe y agrega que “las acciones del ENARGAS (para que los abogados cumplan con sus gestiones) no alcanzaron plena eficacia”, ni se les exigieron los informes que debían presentar.

La Auditoría no pudo comprobar que el ENARGAS haya “revisado” los contratos vigentes desde 1994 entre Gas del Estado y los abogados, a pesar de contar con algunas irregularidades comprobadas como profesionales que cobraron adelantos “muy superiores” a los que correspondían; o bien que, al 31 de diciembre de 2006, haya abogados que percibieron más de lo que valía el total de su trabajo, o que aún “no exista un plazo cierto y determinado para la conclusión” de sus tareas.

“A casi 13 años de la firma de los contratos con los abogados, están pendientes de celebración el 31,09% del total de los convenios estimados para celebrar con los superficieros”, concluye la Auditoría y añade que “a la fecha, no hay certeza” sobre cuánto dinero hay que erogar para cumplir con las finalidades del fondo de contribución.

Asimismo, al cierre de la auditoría y 14 años después del inicio de las tareas de los agrimensores, 5940 derechos de servidumbre aún esperan ser inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble de cada jurisdicción sobre un total de 16.152, una efectividad del 63%. 

En 2004, la cuenta corriente que administraba el ENARGAS pasó al Grupo Operativo de Servidumbres (GOS). La AGN no logró verificar que en la página web del GOS se informe sobre los fondos existentes en esa cuenta, lo que quiere decir que ni los usuarios, ni terceros, tienen acceso a datos referentes al destino del dinero o el saldo y los honorarios pendientes de regularización.

Por otra parte, la Auditoría detectó “cuantiosos saldos ociosos” en la cuenta que evidenciaban un uso ineficiente de los recursos, desajustes entre la gestión financiera y la operativa, y la desatención de “las normas que rigen la gestión presupuestaria”. Hasta diciembre de 2006 y según la AGN, el fondo ascendía a $ 44.544.653.