Licencias especiales para mayores de 60 años, embarazadas, empleados con afecciones de salud crónicas y padres o madres de niños y niñas en edad escolar, fueron algunas de las primeras medidas que tomó el Estado nacional para facilitar el aislamiento del personal en su intento por frenar el avance del coronavirus. Luego vino el aislamiento social obligatorio.

Entre esas iniciativas también aparece la posibilidad de habilitar el teletrabajo en las áreas no esenciales; una modalidad que permitiría, según la dependencia, garantizar el funcionamiento mínimo de la estructura administrativa sin exponer a los agentes a la posibilidad de contraer la enfermedad que tiene en vilo al mundo.

Pero ¿se usó alguna vez el teletrabajo en el Estado? La respuesta es sí. 

En agosto de 2012, el Ministerio de Trabajo publicó un informe titulado “Teletrabajo, motor de la inclusión sociolaboral”, que repasó los distintos antecedentes en la materia impulsados por la administración pública.

Los teletrabajadores sintieron que, si bien no se incrementaron las tareas, sí mejoró la calidad de su labor.

El relevamiento indica que en 2003 la cartera creó una comisión específica sobre el empleo remoto, que tuvo la misión de elaborar un proyecto de ley para regular la modalidad. Ese texto fue elevado al Congreso en 2007 sin lograr la sanción legislativa.. 

No obstante, en el interín se registraron varios hitos en esta historia. En 2008, por ejemplo, el Ministerio creó el llamado Programa de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas (PROPET), del que participaron varias firmas, como YPF (entonces en manos de Repsol), Telecom, Cisco, Personal, Bapro y hasta Garbarino.

Aquel año, ese mismo ente elaboró junto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las empresas que participaron del PROPET un Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo. 

En 2010, salió otra guía, en este caso, de Seguridad e Higiene Genérico y al año siguiente nació el Primer Observatorio de Teletrabajo, compuesto por el Estado, el sector privado y los empleados. 

Así se llegó a 2011, momento en que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) decidió hacer una prueba piloto con su personal. 

La SIGEN remota

Ocurrió entre septiembre y noviembre de 2011 y abarcó varias de las tareas del organismo de control, como los dictámenes legales, registro de datos, elaboración de normas y procedimientos, desarrollo de sistemas de información, diseño de indicadores, obtención de precios testigo, actividades de comunicación interna y hasta la realización de informes y auditorías.

La participación del personal fue voluntaria y, antes de comenzar a ejecutarla, se estableció la frecuencia y la cantidad de días en se podría hacer home office.

Resultados

Luego, se hicieron encuestas anónimas entre los involucrados para medir el impacto de la prueba.

El relevamiento del Ministerio detalla que los teletrabajadores tuvieron una “valoración positiva de la experiencia”, y que sintieron que, si bien no se incrementaron las tareas, sí “mejoró la calidad” de su labor.

Además, notaron una “disminución del nivel de estrés” porque “sin ser obligados a trabajar más, lo hicieron voluntariamente”, y hasta tuvieron “mayor tiempo para dedicarse a sus responsabilidades familiares”.

Desde el otro lado, las opiniones de los supervisores “oscilaron entre el reconocimiento de mejoras en las tareas y la neutralidad”, es decir, sin notar cambios con respecto a la modalidad tradicional. 

Para completar, los mandos superiores observaron que “no hubo un incremento en la productividad”, y plantearon la “necesidad de incorporar modificaciones al tipo de ejecución” del teletrabajo.

Teletrabajo en el mundo: oportunidades y falta de información

Un relevamiento hecho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2016 señala que “pocos países llevan a cabo una recopilación sistemática de estadísticas oficiales para hacer un seguimiento y medición del desarrollo” de esta forma de labor.

Y es que, según la OIT, “la mayoría de los informes sobre la incidencia del teletrabajo son principalmente estimaciones -muchas de ellas muy aproximativas-, ya que a menudo se basan fundamentalmente en estudios académicos o sectoriales cuyos enfoques varían ampliamente en cuanto a muestreo, categorías de la población seleccionada, ubicación, metodología, rigor analítico y en lo que concierne a definiciones y marcos teóricos".

Por ejemplo, "algunos pueden considerar como teletrabajo que un trabajador consulte o responda a sus correos electrónicos al volver a casa de la oficina. Todos estos factores afectan a la solidez, la calidad y la fiabilidad de los resultados, pero a menudo son los únicos disponibles”.

Así, la entidad reveló que hasta 2014 en Estados Unidos había 3,6 millones de empleados bajo esta modalidad que representaban el 2,8% de la fuerza laboral. Esa proporción, que saltó un 102% en relación a 2005, fue impulsada justamente por el empleo público, tras la sanción en 2010 de la Ley de Fomento al Teletrabajo, durante la administración Obama, que obligó a cada área estatal a incorporar el home office. 

En la Unión Europea, en tanto, el promedio llegaba en 2005 al 7,7%, con picos del 15,2% de República Checa y del 1,6% de Bulgaria. 

Japón, por su parte, llamó la atención de la OIT porque, según datos de 2008, 15 de cada 100 empleados eran teletrabajadores. La particularidad del país nipón, en este caso, es que el porcentaje incluía a independientes, “lo cual dificulta la comparabilidad de las cifras con otros países”, apunta el informe.

Y en América Latina solo se cuentan datos correspondientes a mediados de la década pasada. En ese entonces, “los países más avanzados en la materia eran Chile y Argentina”; el primero tenía el 10% de teletrabajadores en 2005, y el segundo contaba en 2006 con 900 mil empleados bajo esta modalidad, que representaban el 9% de los ocupados de ese momento.