La nueva administración confirmó que el Presupuesto 2020 no será tratado hasta que se resuelvan los detalles de la reestructuración de la deuda del Estado. En el mientras tanto, una de las cuestiones a resolver será la participación que tendrán los gastos sociales en el reparto de esos recursos. 

En ese sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó hace pocos días un informe, tomado a partir de las proyecciones del Gobierno saliente, en el que reveló el “decidido protagonismo” del componente Servicios Sociales dentro de los desembolsos totales de la Nación.

Ese ítem supone el “conjunto de erogaciones destinadas a financiar acciones en materia de salud, promoción y asistencia, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable, alcantarillado y otros servicios urbanos”, enumeró la Oficina parlamentaria. 

El trabajo mostró que, desde 2001, la participación promedio de éstos en el Presupuesto nacional fue del 60%. Dicho de otra manera; en las últimas dos décadas, 6 de cada 10 pesos del Estado se destinaron a las mencionadas iniciativas. 

En el lapso analizado, dicha proporción tuvo sus altibajos: según la OPC, “el máximo otorgamiento dentro de los gastos totales se registró en 2002, con un 66%” mientras que el mínimo fue en 2014, cuando llegó al 54,1%.

Otra manera de medir el peso de los gastos sociales es comparar su dimensión dentro del PBI. 

Sobre eso, la OPC apuntó un “notable crecimiento de la partida entre 2008 y 2017”, y detalló que ese aumento “tuvo lugar en el contexto de una serie de modificaciones en el sistema previsional tendientes a aumentar las prestaciones y cobertura, entre las que se cuentan: la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (2008); la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria (2008); amplias moratorias previsionales (2005 y 2014), la creación de la Asignación Universal por Hijo (2009), la Asignación Universal por Embarazo (2011), la Movilidad de las Asignaciones Familiares (2015) y la Reparación Histórica a Jubilados (2016)”.

La investigación marca que aquella tendencia de incremento “comienza a revertirse desde 2018”, hasta llegar en el proyecto 2020 a una incidencia del 12,3%. 

El presupuesto que no fue

Como ya se mencionó, la Oficina elaboró su relevamiento en base al proyecto armado por la administración anterior. Aquel plan de desembolsos había previsto un monto de $ 3.906.231 millones (casi cuatro billones de pesos) solo para los gastos sociales. El número equivalía a un 62,5% de todos los fondos para el 2020.

Además, el informe demostró que el 80% de esa cifra estaba destinada a la Seguridad Social -es decir, el pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios- lo que representa “el máximo histórico desde 1993”. 

¿Por qué tanto? “La creciente incidencia se explica por el hecho de que el 90% de ese componente está indexado por el índice de movilidad, a diferencia del resto de los rubros, cuya evolución reviste un carácter más discrecional”, responde la OPC.

Del “máximo histórico” a las “variaciones negativas”

Por otra parte, de aquel presupuesto que no fue, la Oficina parlamentaria rescata una paradoja: si bien es cierto que, en caso de haber sido aprobado y el ítem para jubilaciones y pensiones hubiese alcanzado un récord “histórico”, también lo es que “las funciones del gasto social registran alteraciones reales negativas para 2020” en comparación a los números de este año, entendiendo por “reales” el impacto de la inflación en la evolución de las variables.

Explica el informe que “los únicos componentes que se mantienen aproximadamente constantes en términos reales son Seguridad Social (0.5 a/a), Trabajo (0.7 a/a) y Ciencia y Técnica (-0.2 a/a). El resto de las funciones muestran contracciones reales que van del -2.4 a/a en Salud al -21.3 a/a en Vivienda y Urbanismo”.

Asimismo, señala como “significativas las retracciones previstas en Agua Potable y Alcantarillado (-16.0 a/a)”.