Publicado: 29-05-2014

En medio de fuertes cuestionamientos de un sector del arco político opositor, el kirchnerismo en el Senado le dio media sanción al proyecto de estatización de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. En la votación, el oficialismo logró aprobar la iniciativa sin sobresaltos por 39 votos positivos contra 23 negativos, ya que además de sus habituales aliados se aseguró el sugestivo respaldo del peronismo disidente alineado con los hermanos Rodríguez Saá, luego de que habilitara la creación de la Universidad de Comechingones en Villa Merlo, San Luis.

El proyecto establece la creación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia; y transfiere íntegramente la universidad de la Fundación que dirige Hebe de Bonafini. Asimismo, prevé la formación de un Consejo –supervisado por el Gobierno– "que definirá el marco filosófico y conceptual" del instituto; y habilita al Ejecutivo a asignar una partida presupuestaria para afrontar los gastos. Sobre este punto se basaron las principales críticas opositoras, dada la delicada situación financiera que atraviesa la Fundación –debe más de 200 millones de pesos– luego del escándalo en torno al plan de viviendas Sueños Compartidos, dirigido por Sergio Schoklender.

Como miembro informante del oficialismo, el chaqueño Eduardo Aguilar remarcó que el Estado no estatizará los "pasivos", aunque no aclaró quién se hará cargo de las deudas que eventualmente tenga el instituto universitario. Asimismo, sostuvo que "no hay ningún acuerdo por detrás" y criticó a la oposición por "sembrar dudas" a través de los medios, "sin ningún tipo de pruebas".

Desde la UCR, Luis Naidenoff recordó que "el sostén económico y financiero y la propietaria de la universidad es la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que está investigada por un hecho escandaloso de corrupción que salpica al Gobierno". "Acá el Estado se está por hacer cargo de una gran fiesta", enfatizó, al citar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que denunció "una monumental estafa al Estado, con una deuda de 237 millones de pesos".

Norma Morandini adjudicó el rechazo del interbloque del FAP-UNEN al advertir que "se está convalidando con el voto de la mayoría y un trámite tramposo el desfalco" en la Fundación. "No somos nosotros los que manchamos el pañuelo. El pañuelo trasciende a las personas", señaló, irónica. También adelantó el voto negativo del PRO Gabriela Michetti, quien fue cuestionada por Gerardo Morales, jefe del bloque del radicalismo, por dejar la Comisión de Derechos y Garantías, hecho que le permitió al FPV obtener dictamen para el texto.