Diputados dio media sanción a un proyecto para ampliar el espectro de profesiones de los vocales, que sumaría a los licenciados en Administración Pública y en Economía.
Un administrativo capaz de evaluar cada paso desde la eficacia y la eficiencia, es el perfil de un egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública; y es una de las obsesiones del gobernador, Alfredo Cornejo, considerado en su facultad como un “buen alumno”.

También es el perfil con el que se quiere matizar al Tribunal de Cuentas, que a partir de un tiempo no sólo estaría compuesto por un presidente abogado y cuatro vocales contadores (profesiones exclusivas), sino que otras carreras podrían desembarcar en el organismo de control.
En la Legislatura se encamina a ser ley un proyecto que “amplía el espectro” y le abre las puertas a los Licenciados en Economía, en Administración, y en Administración Pública. La propuesta establece que dos de los cuatro vocales podrán tener esta profesión, además de la de contador.

Dicho de otro modo, el gobernador de turno, a la hora de designar un vocal en el Tribunal de Cuentas, podrá considerar entre un contador, o licenciados en las carreras mencionadas. El requisito constitucional será que de los 4, 2 sean sí o sí contadores. El nombramiento requiere también el aval del Senado.

El proyecto en cuestión es de los diputados radicales Analía Jaime y Néstor Parés, y el miércoles tuvo la primera sanción, por lo que ahora resta el tratamiento en el Senado. Pero el camino aparentemente allanado, desde lo legislativo, no implica que haya un acuerdo generalizado: tanto la oposición como los contadores advierten que la tarea de un vocal del Tribunal de Cuentas es exclusivo para un contador o un abogado.

“La tarea de auditoría y de control de legalidad, que es lo que hace un Tribunal de Cuentas, está reservada a un contador. La contabilidad, como disciplina, estudia la técnica y establece las resoluciones técnicas, mientras que la auditoría verifica el cumplimiento de esa técnica”, especificó la contadora Silvia Lemos, vicepresidente primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ex diputada nacional por la UCR. 
Abrir el juego

El proyecto modifica el artículo 2 de la Ley Nº 1.003, Orgánica del Tribunal de Cuentas, y le da otra perspectiva a lo que establece la Constitución local, que obliga a que “por lo menos dos vocales” sean contadores públicos. “Los que hacemos es abrir el espectro de profesionales que puedan ocupar esos cargos”, explicó Jaime y justificó que es en adecuación a la ley 8.706 de Administración Financiera.

“Esta ley incluye para el ejercicio de diversos cargos relacionados con la administración de la hacienda pública, a profesionales universitarios de las ramas de las Ciencias Económicas y licenciados en Administración Pública”, señaló la diputada y lo comparó a lo que ocurre en otros sectores del Estado.

Pero en un plano más político, la  ley le dará la posibilidad a Cornejo de continuar con su impronta, o al menos lo que recalca en sus discursos: la eficiencia y la eficacia en la gestión, como buen egresado en Administración pública. Y en este sentido, el Tribunal de Cuentas no cuenta con esta fama precisamente, si se considera las fechas en las que se conocen las auditorías y fallos. Por mencionar un ejemplo, recientemente se conocieron las multas que se hicieron luego de analizar el ejercicio 2014 del Casino. 

“La gran debilidad que se puede presentar en el Estado es la demora por cuestión de costumbre o porque siempre se hizo así, que es la burocracia. A veces se pueden integrar o eliminar pasos para hacer el proceso más ágil”, describió la tarea del administrador Fabiana Molina, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional de Cuyo.

Otro componente político de la iniciativa es la modernización del Estado, que viene implementando el Gobernador en otras áreas. Un ejemplo es el expediente electrónico. “Hay una apuesta importante  a agilizar los procesos, atendiendo a que cada uno de los pasos en el acto administrativo sean eficientes, y esa mirada el contador no la tiene. Su alma mater es el debe y el haber”, señaló Molina.
A los contadores no les cierra la iniciativa

El proyecto en cuestión fue criticado por los contadores que defienden que la tarea es exclusiva de su profesión. En el recinto, el primero en advertirlo fue el diputado Javier Cófano, contador y presidente del bloque del PJ.

“Lo que hace el Tribunal de Cuentas es un control de legalidad, no de gestión. No hace un control político, sino que verifica, de acuerdo a la legislación, si las partidas van al lugar que debía”, definió el diputado y ejemplificó: “No se le ha dado funciones de aprobar la gestión, si se compró caro o barato o si no valía la pena el gasto que se hizo. Si analiza una licitación, se verifica si se siguieron los pasos y si se adjudicó al que corresponde, pero no puede emitir opinión si se compró caro o no”, señaló Cófano.

El diputado hizo referencia a la legislación existente, explicación que también dio la contadora Lemos. “La especificación de lo que hace un contador está en la Ley nacional 20.488, de incumbencias profesionales.  Así sucede en todo el país: en los 24 Tribunal de Cuentas, sólo están estas dos profesiones, que trabajan interdisciplinariamente”, explicó la vicepresidente primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Con respecto a la propuesta, la contadora consideró: “La labor de auditoría produce un informe de cierre que consiste en análisis de cuentas. Todo ello con un modelo que surge de un acuerdo.

De esa decisión surge la aprobación o rechazo (con sanciones) de la cuenta del ejercicio. La ‘eficiencia’ se valora en otros momentos, no en el fallo. Y el fallo es elaborado por los vocales. Por lo menos con la normativa y modelos vigentes”, consideró la profesional.
La composición no cambia

La posible ley no cambia nada. Hasta que un próximo vocal deje su lugar, no habrá ninguna innovación. A su vez, el nombre y perfil del aspirante depende exclusivamente del gobernador que deba reemplazar esta vacante, una decisión que termina siendo política.

En este sentido, tres de los cuatros vocales podrían considerarse recientes: Héctor Caputto y Ricardo Pettignano fueron propuestos por el ex gobernador, Francisco Pérez (PJ). Cornejo sugirió a Liliana Muñoz De Lázzaro.

En cambio, Mario Francisco Angelini (70), ingresó en el gobierno de Rodolfo Gabrielli (1991-1995), mientras que el presidente del organismo, Carlos Salvador Farrugia, está desde mucho antes: fue nombrado en 1984 por Felipe Llaver.

Todas estas designaciones también son consideradas como movimientos políticos, cada vez que un gobernador tiene la oportunidad de nombrar a un integrante del cuerpo.