Legisladores del oficialismo y de la oposición recibieron en las últimas horas el informe que elaboró el Tribunal de Tasación, que, tal cual establece la ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, debía estimar el valor de ambas empresas. Como era previsible, la tasación que definió este organismo es negativa y asciende a los 830 millones de dólares. Esta cifra corresponde al método de valuación patrimonial (es decir, activo menos pasivo). El valor difiere si se considera el flujo de fondos a futuro; en este caso, asciende a 622 millones de dólares.

Estas cifras difieren radicalmente con las presentadas por el grupo Marsans, que controla ambas aerolíneas. Según se conoció ayer, la empresa española las tasó entre 330 y 540 millones, es decir, no contempla pasivo alguno. La diferencia entre las partes asciende, así, a más de US$ 1000 millones.

Ante esta situación, el grupo Marsans insiste en la convocatoria de un tercer tasador imparcial que resuelva el entuerto. Así lo estipula el acta acuerdo que, en mayo pasado, suscribieron el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y representantes de la empresa española. Sin embargo, la ley de reestatización que votó el Congreso dice otra cosa: allí se establece que será el Parlamento el que decidirá qué precio deberá pagar el Estado argentino, y que éste quedará supeditado al valor que estime el Tribunal de Tasación. La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que preside el diputado Mariano West (FPV-Buenos Aires), deberá elaborar el dictamen sobre el precio a pagar por las aerolíneas que luego discutirá el plenario de ambas cámaras. El jueves se reunirá para analizar el informe del Tribunal de Tasación para definir los pasos a seguir.

Según pudo saber LA NACION, dicho tribunal tasó unos 125.000 bienes, incluidos inmuebles en el país y en el exterior, como también las aeronaves. Sobre este último punto, subrayó que Aerolíneas Argentinas y Austral poseen 24 aviones propios, de los cuales el 60% no es recuperable, y otros 62 están en leasing (alquiler con opción a compra), de los cuales 23 están parados. "La oposición tenía razón en sus planteos en el recinto", enfatizó el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica). "Al no rechazar el acta acuerdo con Marsans está el riesgo de que el Estado se haga cargo de un pasivo millonario más el déficit operativo de las empresas, cuando lo que debería suceder es que Marsans pague toda la deuda antes de irse". Por su parte, el diputado Ariel Basteiro (Encuentro Social) señaló que cuando se hizo cargo de la empresa, en 2001, el grupo Marsans utilizó como método de tasación el del valor patrimonial neto. "Ahora sólo quiere utilizar el flujo de fondos para valuar la empresa. Este planteo es ridículo. En este sentido, el valor que presentó el Tribunal de Tasación es el adecuado", subrayó.

Por su parte, el diputado radical Raúl Lanceta advirtió que el acta acuerdo es "nula" y que el grupo español no cumplió lo que allí estipula, por cuanto no giró a la Auditoría General de la Nación los balances de 2007 y 2008. Ayer la Justicia aceptó una medida cautelar que presentó el bloque de diputados de la Coalición Cívica para que el Estado se inhiba de aprobar dichos balances hasta tanto la AGN pueda revisarlos.