Publicado: 15-10-08

El senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani, solicitó que no se prorrogue la concesión de los seis corredores viales en que están divididas las rutas nacionales y advirtió que "si se prorrogan los contratos se estará beneficiando a los que incumplieron en sus obligaciones". Además el legisladores propuso un nuevo marco regulatorio y que el cobro de peaje sea sólo autorizado para la construcción de nuevas rutas o la transformación de rutas en autopistas o autovías.

Los contratos con los seis concesionarios caducan el 31 de octubre y el gobierno anunció días atrás la decisión de convocar a una nueva licitación lo que en los hechos implicará prorrogar los contratos vigentes estipulados por medio del decreto 1007/03 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

"Si no se llama a licitación y se prorrogan los contratos se estará beneficiando otra vez a las empresas concesionarias que, según el mismo Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), incumplieron sus contratos durante la concesión" explicó el senador socialista. Recordó que oportunamente, el Occovi informó a la Unidad de Renegociación (Uniren) una deuda global de 824 millones de pesos durante el período 1992- 2003, fundamentalmente por incumplimientos en obras, multas y de índices de estado de las rutas. "Sin embargo, a esas mismas empresas, en el año 2003, el gobierno nacional decidió prorrogarles las concesiones. A esta situación, se le suma que en los últimos años se presentaron denuncias penales contra las concesionarias e, incluso, la Auditoría General de la Nación advirtió serias irregularidades".

Giustiniani presentó un proyecto titulado "Rutas nacionales" donde propone que el sistema de concesiones de obra pública mediante el cobro de tarifas o peaje sea solamente autorizado para la construcción de nuevos caminos o transformación de rutas de doble mano en autopista y/o autovía. Asimismo, plantea la sanción de un marco normativo para regular la prestación y el control de la actividad del concesionario a cargo, empresa constructora o del Estado Nacional, respecto de las rutas nacionales bajo su responsabilidad.

En Diputados

En tanto, en Diputados, la también socialista santafesina María Elena Martín propuso incorporar una serie de disposiciones al marco regulatorio de las concesiones de los 6 corredores viales que finalizan el próximo 31 de octubre.

Entre otras cuestiones, solicitó que se tenga en cuenta el desempeño de los actuales contratistas, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en la gestión de mantenimiento, conservación y cuidado de la infraestructura vial existente, como así también los informes elaborados al respecto por la Auditoría General de la Nación, para la calificación de las empresas oferentes.

Pidió que se incorpore en los pliegos dos obligaciones para los concesionarios: la realización de obras obligatorias como la ampliación de las rutas troncales de los corredores productivos (rutas 34, 33, 9 y autovía Rufino) que comunican zonas núcleos y atraviesan diversas provincias y la delegación en el concesionario del poder de policía, respecto del control vehicular a los fines de la seguridad vial.

Dicha delegación comprendería la habilitación para solicitar constancia de inspección técnica obligatoria y para controlar las condiciones reglamentarias de circulación vehicular y cumplimiento del límite de velocidad de circulación establecido.