Imputan a 3 intendentes por negocios incompatibles con la función pública
Se trata de Miriam Sánchez (Chaján), Santiago Bordese (Sampacho) y Heraldo Pontel (Suco). También fueron implicados el juez de Paz de Chaján y el letrado de la Procuración del Tesoro de la Provincia.
Los tres intendentes y otros dos funcionarios involucrados en la denuncia que el productor rural de Sampacho Carlos Vetorazzi presentara semanas atrás ante la Justicia por la supuesta pretensión de explotar tierras públicas fueron imputados ayer por el Juzgado de Control de Río Cuarto, a cargo de Daniel Muñoz.
Se trata de la intendenta de Chaján, Miriam Sánchez, el intendente de Sampacho, Santiago Bordese, y el jefe comunal de Suco, Heraldo Pontel, quienes junto al juez de Paz de Chaján, Gustavo Reynoso, y el abogado de la Procuración del Tesoro de la Provincia, Silvio Parisato, fueron imputados por el hecho calificado como "negociación incompatible con la función pública".
Muñoz explicó a Puntal que la resolución del Juzgado fue impartida luego de que el fiscal Julio Rivero remitiera la promoción de acciones contra los implicados en la denuncia. Está previsto que la primera declaratoria se lleve a cabo durante hoy a la mañana cuando el propio Vetorazzi se presente en Tribunales para brindar precisiones de la denuncia que permitan esclarecer y especificar la acusación.
"Queremos ser lo más transparentes posible en el tratamiento de la causa por la misma conmoción que adquirió al tomar estado público por ello lo desarrollaremos con la máxima celeridad", resaltó Muñoz.
Por tal motivo, ayer se emitieron las correspondientes notificaciones a los imputados al tiempo que en el Juzgado de Control se analizaban las facultades de tres concejales y el titula del Tribunal de Cuentas de Chaján, quienes solicitaron tomar participación legal en la denuncia como querellantes particulares.
El juez de Control manifestó que retomarán la investigación preliminar que llevó a cabo hasta el momento el fiscal Rivero a fin de poder luego establecer cómo sucedieron los hechos y si existe algún tipo de responsabilidad penal contra los denunciados por la pretensión de arrendar tierras en posesión de la administración pública con fines de explotación agrícola, terreno que iba a ser destinado para la construcción de la presa Zelegua.
"Se va a investigar esta negociación o contrato de arrendamiento que se pretendió instrumentar. Las otras conductas colaterales que podrían configurar otro tipo de delito no hacen más que rodear este contrato fallido", consideró Muñoz.
Polémica sesión en Sampacho
En una polémica sesión concretada en la noche del lunes en Sampacho, que contó con la presencia del legislador Horacio Vega, los cuatro concejales del oficialismo votaron en contra a un pedido de informe realizado por el concejal de la Coalición Cívica-ARI, Carlos Mondino.
El edil había solicitado aclaraciones de la respuesta que el intendente Bordese envió días atrás al Concejo sobre las denuncias por la pretensión de alquiler de tierras públicas que involucra a tres Municipios de la zona.
Uno de los ítems del pedido de Mondino apuntaba a dar mayores precisiones sobre "a qué antecedentes se refiere el intendente al afirmar que en algunas oportunidades el gobierno de la Provincia ha cedido provisoriamente a municipalidades predios expropiados para realizar obras...", y acerca de "cómo llegó a la conclusión de que podría intentarse algo similar".
En diálogo con Puntal, Mondino cuestionó la decisión del intendente Bordese de alejarse de su función pública desde el jueves 23 hasta el viernes 31 de octubre por considerar que no fue autorizado por el Concejo Deliberante, como lo exige el artículo 30. "Es totalmente contravencional", señaló Mondino, quien adelantó que podría presentarse ante la Justicia como denunciante en la causa en los próximos días.
La oposición de Chaján se presentó como querellante
Los concejales radicales de Chaján, Soledad Ángeli, Mónica Chirino y Raúl Etchepare, y el titular del Tribunal de Cuentas de esa localidad, Sergio Etchepare, acudieron a Tribunales ayer acompañados por su representante legal de la UCR, Juan Augusto Fernández Cecenarro, para solicitar ante el Juzgado de Control el pedido de participación legal como querellantes particulares en la denuncia formulada por Vetorazzi por supuestas irregularidades en el alquiler de tierras públicas.
De esta forma, las autoridades de Chaján se sumaron a la decisión del concejal radical Mauricio D’Andrea, quien el pasado viernes efectuó el mismo pedido y ayer acompañó a los ediles de Chaján.
D’Andrea dijo a Puntal que la intención es seguir de cerca el desarrollo de la causa a fin de llegar al esclarecimiento y que, por ahora, no aspiran a convertirse en denunciantes.