El reiterado incumplimiento de las promesas del Gobierno a la sufrida clase pasiva ha demostrado ser una cruel burla

Sobran las pruebas de que la paciencia de la clase pasiva es uno de los materiales más resistentes que es dable encontrar en nuestro país. Periódicamente, el gobierno nacional promete ocuparse de ellos y de sus padecimientos, pero la dura realidad no tarda en demostrar que esa proclamada intención no excede el mero alarde proselitista.

La mayor parte de los jubilados y pensionados, sometidos a retribuciones que no llegan a los mínimos requeribles para atender sus necesidades más apremiantes, ya no cree en los sonrosados horizontes que les pintan los discursos oficiales.

No es para menos, dado que a pesar de sus edades más bien avanzadas, casi todos tienen excelente memoria.

Sin necesidad de hilar demasiado fino, comienzan por recordar cómo el Gobierno se quedó con los recursos de los afiliados a las AFJP, incluidos en ese auténtico saqueo a quienes habían expresado su voluntad de no querer abandonar el régimen privado de jubilaciones, derogado por el oficialismo con el consentimiento de la oposición parlamentaria.

Con ese manotazo cayeron también los titulares de los convenios de rentas vitalicias y quienes, confiados en el sistema, habían depositado en él fondos adicionales que también fueron bocado apetecible para la voracidad gubernamental.

Al mismo tiempo, quedó establecido un confuso sistema de actualización de las jubilaciones calculado mediante fórmulas fuera del alcance de los legos, cuyos periódicos índices poco o nada han compensado el incesante crecimiento de los precios al consumidor estimados, por supuesto, de acuerdo con la realidad y no con las mentirosas pautas emitidas por el Indec.

Pero eso no es todo. Hace pocos días, las autoridades nacionales guardaron prudente silencio ante el resultado de los estudios efectuados por la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC).

De acuerdo con ese concienzudo análisis, el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner ha sustraído el 62 por ciento de los recursos provisionales (93.266 millones de pesos), que fueron prestados al Tesoro Nacional para que sean invertidos en gastos corrientes.

Cuando llega la hora de reintegrar esos recursos a sus legítimos propietarios, que son los pasivos, el Gobierno suele utilizar el recurso de renovar y refinanciar el capital y los intereses devengados por tan compulsivos préstamos, con lo cual la Anses no recupera masa monetaria, sino asientos en sus libros contables y títulos públicos del Tesoro.

Como si ello no bastase, la Anses tampoco se privó de presentar en la Justicia un recurso de inaplicabilidad de la ley para tratar de frenar los mecanismos legales que les permiten a quienes litigan por la actualización de sus jubilaciones requerir el pago urgente y anticipado de las diferencias monetarias en su favor, cuando se estima que su juicio terminará en una sentencia favorable.

Hoy, se estima que existen 290.000 causas en los juzgados de primera y segunda instancia del fuero de la seguridad social y juzgados federales del interior. A ellos hay que sumar los que se encuentran en la Corte Suprema. Triste realidad la de quienes, tras haber aportado a lo largo de sus vidas laborales, deben recurrir a la Justicia para cobrar lo que la ley establece.