Con el estancamiento en los ingresos propios y una probable caída de la coparticipación, las provincias argentinas estarán sometidas en los próximos meses a un estrés financiero muy similar al que vivieron en 2001. Sin crédito y con escaso margen político y social para reducir el gasto público, la opción de emitir bonos (como circulante) será inevitable, a menos que la Nación se adelante e inicie un generoso programa de refinanciación.

La situación era delicada antes del crac bursátil y financiero, tal como lo indica un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero en los últimos días se agravó hasta límites difíciles de predecir.

"Si las provincias se ven acorraladas entre la bancarrota y la emisión de bonos, no dudarán en poner en circulación los bonos, tal como lo hicieron en los años '80, en 1995 y de nuevo en 2001 y 2002", advirtió días atrás un economista a un grupo funcionarios nacionales. "No vamos a permitir más cuasi monedas, se hará lo que sea necesario", respondió lacónicamente uno de los presentes. Es que el gobierno sabe que la emisión de bonos no sólo generaría caos monetario sino también indisciplina política, y esta última variable es la que más preocupa a los Kirchner, de cara a las legislativas del próximo año.

"Si el gobierno no hace nada vamos directo a una nueva emisión de cuasi monedas", advirtió el economista Guillermo Giussi, de la consultora Economía y Regiones, especializada en el seguimiento de las cuentas públicas provinciales.

En diálogo con LA MAÑANA, Giussi precisó que la Nación concentra el 70 por ciento de todas las deudas provinciales (algo más de $ 90 mil millones), lo cual hace más fácil una operación de refinanciación, dado que las provincias tendrán que tratar básicamente con un solo acreedor. El problema es que también está en juego la solvencia de ese acreedor. "Van tener que refinanciar las deudas, pero la extensión del programa dependerá de la capacidad que tenga la Nación de conseguir refinanciar sus propios vencimientos ", agregó el economista.

Claro que en esta oportunidad no se tratará de un megacanje de títulos Boden y Bogar. Para Giussi, el gobierno se verá obligado a ampliar su Programa de Asistencia Financiera (PAF) a las provincias, un mecanismo de "rollover" que desde 2005 reemplazó al Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), pero que sugestivamente no fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2009. Sin embargo, el especialista de Economía y Regiones descuenta que el próximo año este programa no sólo se ampliará sino que probablemente reducirá la tasa de interés y nuevamente excluirá la actualización por el CER, siguiendo los lineamientos de los dos últimos años.

El "rollover", sin embargo, no se podrá hacer esperar demasiado. Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación alerta sobre la complejidad de la situación de la deuda provincial. El estudio, de 122 páginas, analiza el perfil de vencimiento de los pasivos provinciales antes de que ocurriera la implosión financiera de octubre, por lo que se puede suponer sin dificultad que el horizonte financiero de las provincias es hoy aún más complejo.

Para medir el impacto y la vulnerabilidad de todas las jurisdicciones, la AGN elaboró un cuadro con el grado de afectación de la coparticipación al pago de los vencimientos de las deudas provinciales. Allí se informa que las provincias más afectadas serán Buenos Aires (37,5% de la coparticipación comprometida), Río Negro (37,1%), Neuquén (28,6%) y Córdoba (26,7%). En tanto, las provincias más aliviadas son La Pampa y San Luis, con el uno por ciento.

Indica el trabajo que "dada la distribución de las obligaciones, se observa una alta concentración en el escenario de corto plazo (años 2007 y 2008) con una presión próxima al 50% de los recursos coparticipados para las jurisdicciones de Buenos Aires y Río Negro y de un nivel que fluctúa entre el 30% y el 40% para otras seis jurisdicciones: Jujuy, Neuquén, Misiones, Córdoba, Formosa y Corrientes.

En el escenario de mediano plazo (hasta el año 2011 inclusive), la presión sigue siendo particularmente alta para las jurisdicciones de Buenos Aires y Río Negro -con cocientes no inferiores al 35%- y algo menor -aunque nunca inferior al 20%- para otras 9 jurisdicciones: Jujuy, Neuquén, Misiones, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Mendoza y Corrientes".

"La incidencia del componente deuda en las jurisdicciones subnacionales sobre los flujos coparticipables adquiere relevancia al considerar la presión que ejerce sobre los recursos disponibles de las provincias. Si bien, en términos estáticos, los flujos de pago resultan sustentables, todo escenario que suponga un incremento de los gastos provinciales por encima de la variación de los recursos disponibles puede agudizar el grado de vulnerabilidad de los escenarios presentados en este estudio", concluye la AGN.