El responsable de una oficina aduanera de Río Negro fue desplazado de su cargo tras la difusión de un informe oficial que reveló pagos injustificados al personal, irregularidades en las liquidaciones de horas extra y falta de coincidencia entre las facturas que emitía la entidad y los registros de gastos.

Ocurrió en la localidad de Regina, donde funciona el llamado Complejo Fitosanitario Aduanero, y la investigación estuvo a cargo del Tribunal de Cuentas municipal. 

Fue el presidente del organismo de control, Carlos González, quien presentó los resultados de su auditoría, y que resumió los hallazgos con la frase “nos encontramos con un desorden administrativo de magnitud”. 

Irregularidades

En cuanto a los recursos humanos, el Tribunal de Cuentas descubrió que se pagaron $ 167 mil en concepto de adicionales al personal “sin ningún sustento legal”. El problema es que, para la auditoría, cualquier desembolso extra “debió haberse incluido en los recibos de sueldo emitidos por el empleador, es decir, la Municipalidad de Regina”.

Otro punto destacado en la investigación fue la “llamativa cantidad de horas extra” liquidadas a los trabajadores del Complejo, conocido como Ente Administrador del Resguardo Aduanero y Fitosanitario. En ese sentido, los investigadores detectaron que, entre enero y septiembre de este año, se pagaron 5.006 horas, que equivalieron a $ 491.258. 

Para entender la magnitud del hallazgo, el Tribunal dio el ejemplo de un empleado al que se le liquidaron 329 horas extra solamente en enero, lo que significa que trabajó más de diez horas extra por día, incluyendo sábados y domingos.

El Ente Administrador del Resguardo Aduanero depende de la Municipalidad de Villa Regina.

“El total erogado por horas extra desnuda un evidente error en la gestión, con su correspondiente costo adicional”, marcó la auditoría, y aportó: “Resulta obvio que se podría haber incorporado personal adicional a un costo significativamente menor, considerando que la hora extra cuesta, al menos, un 50% más”.

Según el organismo de control, “esta medida no solo hubiera reducido el costo laboral sino que, sin dudas, habría hecho más eficiente el desarrollo de las tareas, dado que es muy difícil que una persona pueda estar con la misma predisposición más de 17 horas por día, tal lo indicado en el caso analizado”.

“Procedimiento absolutamente precario”

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas de Regina detectó que entre enero de 2016 y septiembre de 2017 el Ente Administrador del Resguardo Aduanero tuvo ingresos por 6,6 millones de pesos, gracias al alquiler de oficinas ($ 1,7 millón) y el cobro del canon por estacionamiento (algo más de $ 3 millones), entre otros rubros. En este caso, la anomalía consistió en que, de ese total, solo se bancarizaron 911 mil pesos, mientras que el resto, si bien fue asentado en planillas de caja, no quedó registrado en la cuenta de la dependencia. 

En cuanto a los egresos, el organismo de control analizó los pagos a cuatro de los proveedores más significativos del Ente -los encargados del mantenimiento del predio-, y notó que las facturas sumaban $ 1.592.617 pero que había desembolsos por más de $ 2 millones y, para completar el cuadro, no se hallaron comprobantes que justifiquen esa diferencia. 

"No se respetan los principios básicos de una administración seria", dijo el Tribunal.

No obstante, hubo otra diferencia que sorprendió aun más a los miembros del Tribunal de Cuentas. Fue en una visita a las oficinas del Ente aduanero, el 29 de septiembre de este año. Ese día, los auditores pidieron hacer un arqueo de caja, que arrojó como resultado un saldo de $ 15.300, pero el dinero contante y sonante ascendía a $ 3.578,80. 

A partir de estos descubrimientos, el Tribunal determinó que “el procedimiento mediante el cual se registran las operaciones del Ente es absolutamente precario y carece de seguridad en el resguardo de la información, por lo que no respeta ninguno de los principios básicos necesarios para llevar adelante una tarea administrativa seria, que se apoye en la planificación y sea debidamente presupuestada”. Además, la auditoría razonó que “si no hay plan ni presupuesto, difícilmente se puedan ir controlando los desvíos en la gestión”.

Adicionalmente, los contralores remarcaron que “no hay información ordenada que tenga una estructura lógica a partir de la cual se puedan realizar análisis comparativos”, y completaron: “Todo esto nos lleva a la conclusión de que el Ente gestiona a demanda y por improvisación”.