Manuela Thourte: "El lenguaje claro es fundamental para comprender la comunicación oficial"
La legisladora es impulsora de la ley que fomenta la transparencia del Estado. Sostiene que la escritura directa le permite a los ciudadanos conocer mejor sus derechos y obligaciones.
Con la intención de garantizar el acceso de todos los vecinos a la información, desde diciembre está vigente la ley 6567 de lenguaje claro en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legisladora de la UCR-Evolución, Manuela Thourte, impulsora de la iniciativa, cuenta las razones por las que realizó el proyecto, la importancia de dejar de lado los "tecnicismos" para comunicar y el trabajo para su implementación.
- ¿Por qué es necesaria una ley de lenguaje claro? ¿Qué objetivos tiene?
Existe la falsa creencia de que cuantas más palabras complejas se utilicen y cuanto más extenso es un texto, mejor es. La ley de lenguaje claro para el sector público viene a romper esa idea. Muchas veces, el lenguaje que utiliza el Estado (la administración pública, el sistema de justicia, y el legislativo) en sus documentos y actos es difícil de comprender para la ciudadanía, que a veces, incluso, debe recurrir a intermediarios para entenderla. Es necesario que los vecinos y vecinas puedan comprender toda comunicación oficial que afecta su vida cotidiana. Entender, por ejemplo, los formularios para anotarse en una escuela o pedir una beca escolar, o para realizar trámites; cuáles son los requisitos y cómo es el procedimiento para sacar el registro de conducir o solicitar una habilitación de un local comercial; entender qué impuestos y tasas se deben pagar; si recurro a la justicia, poder entender qué sucederá después, cuáles son las etapas de un proceso judicial, entender una citación a declarar. La lectura fácil es fundamental porque las personas necesitan conocer sus derechos y obligaciones.
En este sentido, los objetivos de la Ley de Lenguaje Claro son varios y están vinculados con reducir interacciones innecesarias con la administración pública, como así también costos tanto para el ciudadano como para las entidades públicas; facilitar el control ciudadano a la gestión pública y fomentar su participación; promover la transparencia de los actos de gobierno, el derecho a comprender y el acceso a la información pública; en síntesis, lograr una comunicación efectiva entre el Estado y la ciudadanía.
- ¿Qué es el lenguaje claro? ¿Cuándo un documento es claro?
Se entiende por lenguaje claro el estilo de redacción clara y directa, de fácil comprensión, con expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios. El lenguaje claro incorpora además un diseño y un formato amigable, con independencia del soporte que se utilice. Un documento está escrito en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades.
Por supuesto que hay ciertas cuestiones que requerirán el uso de términos técnicos, como por ejemplo el Código Urbanístico o el Código de Tránsito y Transporte, por eso la Ley de Lenguaje Claro contempla excepciones (en esos casos se agregan definiciones que permitan aclarar las palabras más técnicas).
- ¿Qué organismos lo utilizan?
La ley establece que todos los organismos públicos de la Ciudad tienen la obligación de incorporar lenguaje claro en sus comunicaciones, publicaciones e informaciones públicas, tanto los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como así también las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos, organismos de la seguridad social, empresas y demás sociedades del Estado porteño.
- ¿Cómo se promueve su uso?
Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial deben designar a su propia autoridad de aplicación de la Ley y confeccionar una guía sobre el uso del lenguaje claro al interior de cada uno de los organismos o dependencias.
También como legisladora y autora del proyecto, me encuentro ante el desafío diario de ser lo más clara posible a la hora de redactar proyectos de declaración, resolución y de ley, que se entiendan de manera fácil para todos y todas. Creo que esa es también nuestra responsabilidad como funcionarios públicos.