Una fiscal de Río Negro pidió el listado de las instituciones sin fines de lucro que recibieron subsidios de parte del Ejecutivo provincial durante 2015, tras advertir que ese año los fondos destinados a las ayudas económicas se incrementaron un 133% en relación a 2014.

La partida en cuestión es la 517 dentro del presupuesto rionegrino, y se la conoce justamente como Transferencias a Instituciones Sociales y Culturales Sin Fines de Lucro, se trata de dinero que la provincia entrega a clubes, cooperativas y asociaciones locales.

El año pasado le correspondieron a este ítem $ 180.207.467, mientras que el crédito de 2014 ascendió $ 76.810.171. La diferencia entre un ejercicio y otro, del 133%, llamó la atención de la legisladora provincial Ana Piccinini, quien en junio de 2015 -durante la ejecución de la misma partida - denunció la situación ante la justicia local.

Si bien la presentación de Piccinini se limitaba a los subsidios recibidos por entidades de la capital rionegrina, Viedma, fue la fiscal penal Itziar Soly la que extendió la investigación a toda la provincia y por ese solicitó al Ministerio de Economía la nómina de beneficiarios de las transferencias efectuadas entre el 1º de enero de y el 30 de julio de 2015.

La particularidad del período seleccionado es que, como Río Negro tuvo un calendario electoral desdoblado del nacional, durante esos meses la provincia vivió la campaña política que culminó con la elección del 14 de junio del año pasado, en la que fue reelecto el actual gobernador, Alberto Weretilneck. 

Además, tanto la legisladora como la funcionaria judicial advirtieron la magnitud del incremento de la partida al compararlo con la variación registrada entre 2013 y 2014: es que hace tres años el presupuesto para transferencias había sido de $ 58.146.537, lo que significa que el dinero destinado el ejercicio siguiente (casi $ 77 millones) representó un aumento de sólo el 32%.

De estos números también puede desprenderse la evolución mensual de la partida de transferencias, ya que en 2013 las instituciones recibieron $ 4,8 millones por mes; en 2014 el monto trepó a $ 6,4 millones y ya el año pasado superó los $ 15 millones.

La investigación

Según medios locales, que citan fuentes judiciales, hasta ahora el Ministerio de Economía remitió “copiosa documentación” a la fiscalía de Soly sobre los beneficiarios de los subsidios. El problema sería que esos papeles contienen “tecnicismos que imposibilitan precisar el mecanismo y los detalles del reparto gubernamental”, y de hecho “no contienen los montos asignados” a cada asociación sin fines de lucro.

Es por eso que la fiscal convocó a peritos que la asistan en el tema. Sin embargo, esto extendería un poco más los tiempos, porque, siguiendo los reglamentos provinciales, primero habría que resolver la contratación de los profesionales en cuestión, y luego esperar su informe final.

Los aportes

A la espera de los resultados de la investigación, trascendieron algunos de los destinatarios de los subsidios entregados por el Ejecutivo rionegrino. Un caso fue el millón de pesos que recibió -en cuatro cuotas- el Colegio de Abogados de Viedma, en concepto de colaboración para la compra de un inmueble para la sede de la institución que, además, integra el Consejo de la Magistratura encargado de sancionar y elegir funcionarios judiciales.

Asimismo, en la justicia avanza otro expediente derivado de la denuncia de concejales de la localidad de Roca por la transferencia de fondos a dos ONG’s que, con pocos meses de existencia, hicieron de intermediarias con cooperativas para la construcción de viviendas e instalaciones de gas en distintos barrios de esa ciudad.

Según la presentación de los ediles, estas organizaciones, denominadas Proyectando Caminos y 16 de Diciembre, estarían vinculadas a funcionarios de la Secretaría General del Gobierno provincial y recibieron, entre las dos unos 8,6 millones de pesos.

La partida 524

Volviendo a la causa que lleva adelante la fiscal Soly, trascendió que para el presupuesto 2015 el Ejecutivo creó una nueva partida, con el número 524, que no había existido en los planes de gastos de los años anteriores.

Mediante este apartado, se le transfirieron casi $ 44 millones a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia para reequipar el parque de autobombas de los distintos cuarteles.

En este caso, la justicia también investiga la denuncia realizada por un grupo de legisladores en la que se alerta sobre posibles “sobreprecios por equipos casi obsoletos (adquiridos) mediante un intermediario de dudosa transparencia”, en referencia a una empresa uruguaya, sin antecedentes como proveedora del Estado rionegrino, y que habría triangulado las compras de autobombas a Holanda que, de hecho, aún no se pudieron usar, porque quedaron trabadas en la Dirección General de Aduanas.