Promediando marzo de 2016, la Legislatura de la provincia de Tucumán sigue sin justificar unos 218 millones de pesos que gastó durante el año pasado y, aunque fuentes oficiales –citadas por medios locales- confían en poder respaldar todos los desembolsos hechos, preocupa el avance de una investigación judicial sobre el uso de la partida de “ayudas sociales a personas” que entregaba la Cámara de representantes, que se triplicó durante 2015.

Durante el ejercicio anterior, el Poder Legislativo tucumano dispuso de un presupuesto inicial de $ 959 millones. Pero el 9 de septiembre, un mes y medio antes de la asunción de las nuevas autoridades (y cuando el entonces presidente de la Cámara era el actual gobernador Juan Manzur), los diputados aprobaron una ampliación de gastos para el Ejecutivo, que también incluyó un incremento de sus propios recursos un 59,4%; fueron unos $ 570 millones de más, que elevaron aquella partida parlamentaria hasta los $ 1.529 millones.

Particularidades

La Cámara tucumana tiene dos características que la diferencian del resto del Estado provincial. Por un lado, es el único Poder que no difunde el detalle de su presupuesto anual y, por el otro, gracias a un mandato constitucional, también es el único que goza de total autonomía para fijar la cifra que desembolsará en cada período. Tanto es así, que la ampliación de gastos decidida en septiembre último recién trascendió a fines de 2015.

No obstante, estas particularidades no eximen a la Legislatura de rendir sus gastos ante el Tribunal de Cuentas provincial. De hecho, existe una oficina del organismo de control afectada únicamente a la Cámara de representantes, y es la encargada de autorizar gastos como los destinados a personal, dietas y ayudas sociales. 

¿Cómo es el mecanismo? Trascendió que el Poder Legislativo no envía documentación que respalde sus desembolsos al Tribunal, sino que se queda con todos esos papeles, a los que les ponen un sello que dice “intervenido”, para que no vuelvan a ser utilizados.

Lo que sí manda la Cámara son planillas generales en las que, sin embargo, no se diferencian los distintos ítems presupuestarios. De esa manera, desde abril de 2015 hasta febrero de este año, la Legislatura justificó parcialmente varios montos, alcanzando un total rendido de $ 1.196 millones correspondiente al ejercicio anterior.

Entonces, si la Legislatura tenía un presupuesto de $ 1.529 millones y justificó gastos por menos de $ 1.200 millones, ¿qué pasó con los otros $ 333 millones?

Desde el edificio espejado que ilustra esta nota, la mismísima Cámara de representantes tucumana, explicaron que existe una cuenta llamada “excedentes financieros”, radicada en una Sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro, a la que va a parar el dinero que no se ejecuta.

A esa cuenta se transfirieron unos $ 25 millones de la partida “ayudas sociales a personas” (ver La investigación), a los que se sumaron otros $ 90 millones que no se ejecutaron ni devengaron durante el año anterior.

Estos movimientos significan que la Legislatura tuvo un ahorro de $ 115 millones, aunque todavía el Tribunal de Cuentas de la provincia no obtuvo explicaciones sobre los $ 218 millones que están restan rendir.

La investigación

Mediante una investigación periodística del diario La Gaceta de Tucumán, la justicia local inició un expediente de oficio sobre el uso del presupuesto destinado a las “ayudas sociales a personas” que otorgó la Legislatura durante 2015.

Es que mediante fotos, cámaras ocultas y datos de los registros bancarios, el medio informó que un empleado legislativo retiraba valijas con dinero de la sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro, y las llevaba al edificio de la Cámara donde, según se publicó, se repartían subsidios “en mano, entre distintos beneficiarios”.

A principios del año pasado, esa partida de ayudas sociales ascendía a $ 156 millones, monto que trepó hasta los $ 505,6 millones con la ya mencionada ampliación de gastos autorizada por la propia Legislatura, bajo la presidencia del actual gobernador Juan Manzur.

La Justicia provincial busca dilucidar dos cuestiones puntuales. Por un lado, saber por qué a finales de septiembre de 2015 el presupuesto para subsidios de la Legislatura no superaba los $ 15 millones de pesos pese a que el 9 de ese mismo mes la propia Cámara había decido triplicar esa partida.

Y, por el otro, la pesquisa gira en torno a la trasferencia de $ 25 millones desde el Poder Legislativo a la cuenta de excedentes financieros en concepto de subsidios no entregados.

¿Cuál es el problema con ese giro?, es que se realizó el 29 de octubre del año pasado, mismo día en que Manzur asumía la gobernación provincial y en que la tesorería de la Cámara estaba vacante, ya que el entonces encargado de la oficina había renunciado para jurar como legislador y aún su reemplazante no estaba designado.