“El alcance de la labor del Observatorio de Políticas Sociales es limitado respecto a las funciones que le fueron establecidas”, sentencia el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que evaluó su gestión durante 2014. Por eso, añade que “si bien tiene una acotada dotación de personal, para el nivel de actividad le resulta suficiente”.

Durante ese año, estuvo compuesto por un Gerente Operativo y cinco personas más.

El Observatorio tiene como objetivo “recoger, generar, sistematizar y comunicar información referida a las políticas sociales implementadas en el Gobierno de la Ciudad, a fin de que sea útil para la gestión y la toma de decisiones”.

Sin embargo, “no se realizan acciones para sistematizar la información que le llega de las diferentes instituciones”, ya sean públicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculadas a las temáticas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Social del que depende.

Tampoco se implementó “la administración de una base de datos unificada, con las principales estadísticas e indicadores geográficos surgidos de las políticas implementadas”. Esta plataforma “sería útil para el diseño de políticas sociales en coordinación con la Agencia de Sistemas de la Información”.

Sobre la elaboración de indicadores que sirvan para analizar los programas, la AGCBA indicó que “no se hicieron”, con la excepción de los relacionados a adicciones.

Toda esta situación lleva al organismo de control a concluir que “el alcance de la labor del Observatorio de Políticas Sociales resulta limitado respecto a las funciones que le fueron establecidas”. Y, al respecto, agrega que “la actividad que se lleva adelante es, principalmente, el relevamiento de datos en adicciones y en áreas tales como Tercera Edad y Mujer”.

La Gerencia Operativa del Observatorio, señala el informe aprobado en 2015, no tuvo partida presupuestaria asignada para el 2014. Ante esa limitación, “realizó gastos con impacto en distintos programas presupuestarios”.

Esta situación se contrapone al presupuesto por programas, ya que “la incorrecta imputación de consumos no permite conocer los gastos exactos que realiza cada proyecto e impide definir niveles de responsabilidad en cuanto a la ejecución del dinero”.