El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el encargado de brindarle apoyo financiero a las cooperativas y mutuales de trabajo. Pero la Auditoría General de la Nación (AGN) observó que en algunos casos no sabe para qué va a ser usado el dinero ya que “en los expedientes no hay una descripción sobre su uso”.

El INAES es un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social y es el encargado de llevar a todo el territorio nacional la promoción de la economía social.

Una de las herramientas que tiene para ello es el Sistema de Apoyo Financiero a través de préstamos o subsidios, siempre y cuando el proyecto para el que se solicite la ayuda esté adecuadamente descripto y encuadre en los supuestos previstos en la normativa. Los gastos siempre deben rendirse para dar cuenta de cómo se invirtió el beneficio recibido.

Un caso paradigmático que señala el informe de la AGN, que evaluó el 2011 y el primer semestre de 2012, es el de un convenio en el que su expediente “carece de las constancias de evaluación de la solicitud de ayuda financiera, el acuerdo y los anexos no tienen la aclaración de las firmas del solicitante ni de quien da el beneficio”. Es importante señalar que esa prueba que realiza el área técnica del INAES “es necesaria” para la aprobación de la ayuda.

Además “parte de las facturas presentadas en la rendición de cuentas fueron objetadas” y, como si faltara algo, “no existe una descripción del uso de los $15 millones solicitados y concedidos”.

También se detectaron “rendiciones incompletas, sin indicación del destino de los fondos, con documentación insuficiente y comprobantes de gasto rechazados sin acciones posteriores”.

En el informe aprobado este año, la Auditoría nacional manifestó que “existen considerables demoras en la gestión de las actuaciones” en la que el área pertinente recomendó “la aplicación de sanciones de distinta gravedad e incluso la cancelación del permiso para funcionar”.

Por ejemplo, hay un sumario iniciado a una mutual el 28 de octubre de 2012 que aconsejaba el retiro de la autorización para funcionar. Desde el 1 de noviembre de ese año hasta mayo de 2013, que fue el momento del análisis de la auditoría, “el expediente no registró movimiento” por lo cual “no se resolvió el fondo de la cuestión”.

Se encontraron, por otra parte, “solicitudes de financiamiento paralizadas sin resolución favorable, denegatoria o intervención alguna del Organismo”. Solo por mencionar algunos casos, había un pedido de $3,1 millones y otra de $476 mil sin movimientos desde julio de 2011 y otra de $2,1 millones de fines de agosto de ese mismo año.

Por último, la AGN señaló que “las cooperativas de trabajo vinculadas a programas sociales desarrollados por el ejecutivo, tanto nacional, como provincial y municipal, no se adecúan a las principales características que contiene la legislación vigente”. Por ejemplo, “no distribuyen excedentes del funcionamiento de la cooperativa sino que perciben un aporte mensual efectuado por el Estado”.