“El 97% de las denuncias penales que la Auditoría presentó durante los últimos años quedaron en nada”, afirma el periódico El País. De un total de 656, tan solo 19 llegaron a los tribunales y el resto se encuentran “atascadas” en las manos de la fiscalía.

El año pasado, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a fin de de mejorar los mecanismos institucionales y cumplir con las políticas públicas en materia de prevención y combate a la corrupción.

Una de las reformas fue la ampliación de facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ahora, el organismo de control puede realizar auditorías concomitantes, es decir, fiscalizar en “tiempo real”. Así, las “faltas graves” se reflejan en expedientes que son enviados a la fiscalía anticorrupción especializada en servidores públicos.

Sin embargo, la ASF sostiene que “el 91% de las denuncias presentadas se encuentran estancadas en los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR)”. Tan solo el 2,8% alcanzó los tribunales y cuentan con una orden judicial, mientras que el 14% se reparte entre amparos y reservas.

“La ASF cumple su función e identifica las irregularidades de funcionarios públicos que pueden tener consecuencias penales. Entonces entra el ministerio público y es cuando se inicia el pobre desempeño. Un número bajo de denuncias y un nivel alto de impunidad nos condena al fracaso de la política anticorrupción”, explica el presidente de Transparencia Internacional México, Eduardo Bohórquez.

Para El País, la Procuraduría General de la República “se convirtió en un recipiente estéril de las denuncias administrativas”; el órgano debe “agilizar y trasladar” las denuncias presentadas por la Auditoría para entonces “desatascar la correa de transmisión entre el nivel administrativo y el nivel penal”.

Además, el informe indica que las denuncias del organismo de control “crecieron exponencialmente” durante los últimos cinco años: pasaron de 53 en 2010 a 157 en 2015. Los resultados de este trabajo corresponden a los últimos 17 años y son parte del informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al año 2014 que el ASF presenta anualmente a la Cámara de Diputados.