Tras analizar varias operaciones realizadas en 2013 por la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), la Auditoría General porteña (AGCBA) elaboró un informe en el que se señala “cierto descuido” en procedimientos de compras de material rodante y contratación de servicios de mantenimiento, tanto de la flota como de los sistemas de seguridad de las estaciones.

Por un lado, el organismo de control evaluó la adquisición de 105 coches eléctricos para la Línea A, que fue adjudicada a la firma Citic por U$S 183.664.892,66 más gastos de nacionalización que, conforme a pliegos, estarían a cargo de la misma Sbase.

Pero para llegar a este final, hubo un recorrido en el que la Auditoría observó algunas falencias. Por ejemplo, no se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad antes de la aprobación de la convocatoria a las empresas que quisieran participar, aun cuando el artículo 11 de la Ley 1218 establece que un dictamen de ese organismo es “obligatorio, previo e indelegable en toda licitación o concesión cuando su monto supere el millón quinientos mil (1.500.000) de unidades de compra (ver Nota al margen)”.

Luego, “en los pliegos de bases y condiciones no se previó el lugar, día y hora en que se presentarían y abrirían las ofertas, ni dónde serían exhibidos los anuncios de la preadjudicación”, pese a que el artículo 4712 del reglamento de contrataciones vigente considera esos datos como “requisitos esenciales”.

A todo esto se sumó una “confusión” vinculada a que, en un apartado del expediente -denominado “Rectificación”-, se intentaba aclarar que “la fecha de apertura sería la del 14 de mayo del 2013, cuando debió decir 14 de marzo” del mismo año.

¿En qué derivó esto? En que dos empresas presentaran sendos pedidos de prórroga por los vaivenes de las fechas y la complejidad de la documentación que debían presentar. No obstante, Sbase mantuvo el día señalado sin reparar en que, como recordó la AGCBA, “según calificada doctrina, la concurrencia tiene por objeto lograr que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de oferentes”.

Sobre esta operación, el informe concluyó que “el plazo para la presentación de las ofertas resultó ser insuficiente, y la negativa a conceder prórroga, aun ante el error en el que se incurriera en la publicación, cuya fecha se había establecido en dos meses más al de la fijada, resultó inadecuada”.

Además, “la única empresa que ofertó y luego fue adjudicataria de la contratación (Citic) presentó su oferta con múltiples ítems incompletos, con la consecuente necesidad de su aclaración posterior lo que implicó mayor dispendio de tiempo para dar satisfacción a todos los requerimientos”, completó la Auditoría porteña.

Por otro lado, la investigación abordó la compra, a la firma española Metro de Madrid, de un combo conformado por 73 coches de los denominados Caf 6000, una unidad en composición con dos coches motores y un coche remolque más diversos materiales de repuestos, que fueron destinados a la Línea B por casi 28 millones de euros, aunque ese no sería el único desembolso que se haría.

Es que este contrato se firmó el 15 de octubre de 2013 (año analizado por la AGCBA), y dos días después se suscribió otro convenio por 4.641.845 de euros para la “adecuación de los coches”.

El organismo de control sostuvo en su trabajo que, durante el proceso de compra, hubo una “insuficiente estimación de costos y análisis de obsolescencia y de vida útil” de los coches. Es que, si bien se hicieron comparaciones, los auditores detectaron que estas fueron “con precios de plaza cuya fuente no se consignó, ni se agregaron cotizaciones suministradas por los posibles proveedores”.

Añade la investigación que “tampoco se incluyeron los gastos de nacionalización, transportes, seguros e impuestos. No se ha efectuado un análisis de sustentabilidad de la flota adquirida, ni se ha llevado a cabo el estudio del consumo y ahorro energético de los coches, ni lo relativo al ciclo de vida, con una proyección que sopese las condiciones de los coches ya usados y el futuro de los mismos”.

Y para completar, los auditores remarcaron la “ausencia de la debida fundamentación de las causas y antecedentes por los cuales se resolvió realizar la contratación (con Metro de Madrid) por cuanto no se han efectuado suficientemente los análisis técnicos de sustentabilidad ni se ha verificado la razonabilidad de los precios finales”.

En cuanto a la Línea C, el informe revisó la contratación del servicio de reconstrucción y remodelación de 25 coches Siemens.

Hasta fines de 2012, estos trabajos eran realizados por una empresa llamada Emepa, que había sido contratada por la operadora Metrovías con la anuencia de la Secretaría de Transporte de la Nación. Todo esto fue anterior a la cesión de la administración del subte al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ocurrió justamente el 1º de enero de 2013.

En mayo de ese año, cuenta la AGCBA, se rescindió el contrato con Emepa, al tiempo que Sbase -que recibía los coches en el estado en que habían quedado hasta entonces-, suscribía otro acuerdo con la empresa Alstom Argentina para que ejecutara las tareas de reconstrucción y remodelación.

El contrato con Alstom ascendió a algo más de 7 millones de dólares más IVA, cifra a la que se debió agregar unos 84 millones de pesos -también más IVA-, que incluía la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones vigentes al 27 de marzo de 2013.

“Es de señalar que en este procedimiento no se han elaborado pliegos de ningún tipo”, alerta la Auditoría, y agrega que “la documentación está formada por los respectivos contratos y sus Anexos, de los cuales uno, llamado Especificaciones Técnicas, “advierte lo exiguo de su contenido, por la falta de previsión en aspectos importantes debido a la complejidad de la contratación”.

El organismo de control finaliza su análisis enfatizando la “carencia de pliegos que establezcan con claridad y precisión el alcance y términos de las tareas, con las debidas especificaciones técnicas”.

Conclusión y algo más

La Auditoría de la Ciudad cita que el artículo 36 del reglamento de contrataciones de la propia Sbase establece su obligación de formular con debida antelación un plan de compras.

Pues bien, a partir de esta certeza, el organismo le pidió a la empresa estatal porteña que pusiera a disposición la mencionada hoja de ruta pero, al no obtener un resultado positivo, tuvo que inferir que “Sbase no confecciona un plan de compras”.

Además, el informe observa que a pesar de que “la renovación de la flota existente se evidencia como uno de los puntos fuertes de la ejecución presupuestaria” de Sbase, remarca que “del relevamiento de las actuaciones practicado, no surge la existencia de un plan estratégico de transporte que establezca las acciones y medidas que deban tomarse a fin de mejorar el sistema de subterráneos, y que dé fundamento a las inversiones que se realizan”.   

Nota al margen

Otra operación examinada por la AGCBA fue la contratación directa, pedida como urgente, de la firma Zonis S.A. para construir una parrilla de vía precaria en el predio de Mariano Acosta, destinada a ubicar unos 80 coches de la flota La Brugeoise que dejaron de circular en la Línea A en enero de 2013 “por estrictas razones de seguridad”.

Durante el proceso en cuestión, fue el Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora de Sbase quien emitió un dictamen apoyándose en “la delegación conferida por una resolución” de 2010 de la Procuración General.

No obstante, en este caso el organismo de control insistió en que también hubo un “incumplimiento del artículo 11 de la Ley 1218 que establece que el Dictamen de la Procuración General es obligatorio, previo e indelegable”.

Seguridad

Finalmente, la Auditoría narra que en febrero de 2013, la operadora Metrovías presentó un relevamiento propio sobre el “Estado de Segurización del Subte y Premetro”, en el que propuso dotar de equipamiento al Sistema de Detección y Extinción de Incendio de toda la red, atento al “estado crítico” que se advertía en las Líneas.

Ante esto, Sbase autorizó a la concesionaria a contratar a la empresa Tec Fire “para la provisión de mano de obra, transporte, prestación de equipos y todo suministro necesario destinado a la ejecución y puesta a cero de los sistemas de lucha contra el fuego, cuyo importe asciende a $ 2.497.052,80”.

El tema fue que, al cierre del informe del organismo de control porteño, “se certificó el 26% de los trabajos”. “Del relevamiento de la actuación -completa la AGCBA- no surge que se hubiera avanzado en la ejecución de las tareas así como tampoco se ha dejado constancia de los motivos por los cuales ocurrió la paralización de las tareas”.