“Nunca la Justicia mendocina llevó adelante una embestida de tal magnitud contra funcionarios de todos los niveles”, sintetizó un medio de esa provincia el último fin de semana para hacer referencia a la situación de 19 miembros de la anterior administración, incluido el exgobernador Francisco “Paco” Pérez, que están imputados en distintas causas, que van desde discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, hasta cuestiones que rozan lo insólito, como la contratación en un municipio del jardinero de la suegra del intendente.

La sucesión de imputaciones comenzó en los últimos días de noviembre del año pasado, en coincidencia con el final del mandato de Pérez y la asunción de la actual administración, encabezada por Alfredo Cornejo.

El primero en la lista fue el exintendente de la localidad de Guaymallén, Luis Lobo, y las denuncias en su contra surgieron en noviembre, luego de la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas provincial.

Tras analizar el funcionamiento de la comuna, el organismo de control detectó, entre otras cuestiones, que “las contrataciones contienen una opción de renovación por hasta tres períodos, pero no está contemplada la variabilidad de los precios”, lo que provoca que algunos oferentes hagan uso de esas prórrogas y coticen valores distintos para cada período “sin justificación alguna”, dijo el informe.

Asimismo, en Guaymallén se observó que ningún proceso licitatorio de los últimos años contó con la participación de una comisión de preadjudicación, ya que quien propuso y dispuso esas operaciones fue el secretario de Obras Públicas. En relación a este punto, el Tribunal añadió que en la comuna “no existen manuales de procedimiento ni de funciones que permitan establecer responsabilidades a los dependientes y encargados de cada área”.

Para completar el cuadro, la investigación señaló que “existieron casos de un mismo oferente que utilizó razones sociales distintas presentando ofertas que, en definitiva, podría decirse fueron una sola”.

El exintendente Lobo no es el único imputado por este caso, ya que lo acompañan el ya mencionado secretario de Obras Públicas, Federico Sampieri; la contadora general, Matilde Musotto; los directores de Servicios, Rubén Carrera; de Espacios Verdes, Carlos González; de Obras Municipales, Daniel Adove y el subdirector de esta última área, Daniel Magallanes.

No obstante, el 7 de abril -ya de este año- Lobo fue imputado junto a su esposa por haber contratado en la municipalidad a la mucama y al jardinero que trabajan en la casa de su suegra.

Volviendo a noviembre, ese mes también quedó imputado quien hasta ese momento seguía a cargo del Ministerio de Hacienda provincial, Juan Gantús, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y actos de discriminación en el manejo de fondos.

Puntualmente, se lo acusó de favorecer a una empresa de insumos médicos -a la que el Estado mendocino le debía unos 10 millones de pesos-, perjudicando a otras firmas que estaban en igualdad de condiciones para cobrar. Pese a esta situación, en diciembre Gantús asumió como senador provincial.

A mediados del mismo mes llegó el turno de la imputación del exministro de Salud, Matías Roby, aunque el expediente no se abrió por su labor en la cartera sanitaria, sino por su gestión en la Dirección Provincial de Deportes, dependencia a la que habría faltado unas 171 veces entre los años 2008 y 2010.

En marzo, tras la feria judicial, cayó detenido el intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, a quien se le imputó administración fraudulenta, peculado, emisión de cheques sin fondos y asociación ilícita.

Salgado está en el penal del pueblo de San Felipe, desde donde renunció al cargo de jefe comunal, junto a su exsecretario de Gobierno, Néstor Trigo, y el excontador municipal, Fernando Funes. También estuvo detenido el exsecretario de Hacienda, Franco Ojeda, pero recuperó la libertad la semana pasada.

A fines del mismo mes, los mendocinos se enteraron de la imputación del exgobernador Francisco “Paco” Pérez, aunque no por su labor al frente del Ejecutivo provincial, sino por supuesto incumplimiento de las obligaciones de funcionario público cuando se desempeñaba como Ministro de Infraestructura de la administración de Celso Jaque.

En este caso, a Pérez se le cuestiona haber permitido -en mayo de 2011- que la firma Chañares Herrados Empresa de Trabajos Petroleros S.A. siguiera con la explotación de dos áreas petrolíferas (Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado) a pesar de no contar con la solvencia financiera y económica para afrontar una inversión prometida en ese momento de 1.000 millones de dólares.

Además, en el expediente también se investiga si el Gobierno omitió realizar análisis técnicos y económicos que justificaran tanto la prórroga de la concesión como la realización de la inversión prometida.

Ya en abril, se sumaron a Pérez como imputados en esta causa los exsubsecretarios de Hidrocarburos, Walter Vázquez y Pedro Sánchez, y el exministro de Energía, Marcos Zandomeni, todos por supuestos incumplimientos de los deberes de funcionario público.

La misma figura motoriza la investigación que se inició este mes sobre el exdirector de Protección Ambiental de la Provincia, Gonzalo Dávila, que también tiene cuestionamientos por posible abuso de autoridad en concurso real y contaminación ambiental en grado de tentativa.

Resulta que a fines de 2013 se perforó un pozo petrolero a sólo 150 metros del curso del arroyo Carrizal, en una zona con problemas de contaminación de acuíferos desde fines de los '90 y, según los denunciantes, Dávila no solamente debió pronunciarse al respecto, sino que también tendría que haber dado intervención, desde su cargo, al Departamento General de Irrigación (que depende de Protección Ambiental) para que evalúe la pertinencia y los riesgos de la obra. Ninguna de las dos cosas sucedió.

La última imputación fue el jueves pasado, 14 de abril, y recayó sobre el extitular de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Marcelo Costa, por supuesto fraude a la administración pública.

Para entender esta historia, en necesario contar con un dato: por trabajar en la OSEP los empleados cobran un adicional especial.

Puntualmente, se le cuestiona a Costa haber firmado el nombramiento y la efectivización de un agente estatal, de nombre Gustavo Argüello, que ingresó a la obra social y al tiempo pidió una adscripción para ir a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social.

Curiosamente, Argüello luego fue enviado también como adscripto a la Secretaría de Ambiente pero, durante todo ese periplo, siguió cobrando el adicional destinado a los empleados de la OSEP. Fuentes de la investigación calculan que el muchacho atesoró indebidamente 1 millón de pesos. Actualmente, Marcelo Costa es concejal en la localidad de Godoy Cruz.