Durante los primeros cinco meses de este 2016, la Auditoría General de Salta (AGPS) se mantuvo prácticamente inactiva porque el cuerpo colegiado que la preside estaba incompleto. Sin embargo, el jueves pasado asumieron formalmente los nuevos miembros y finalmente el organismo de control provincial retoma su funcionamiento habitual.

Es que desde diciembre del año pasado el Colegio de Auditores se había quedado con sólo dos sillas ocupadas sobre las cinco que establece su reglamento. Se trata del presidente del ente, Oscar Salvatierra, del Partido Justicialista, y Marcos Segura, representante del Partido de la Victoria, una versión local del kirchnerismo.

La máxima autoridad de la AGPS quedó incompleta tras el vencimiento de los mandatos de Ramón Muratore, del Partido Renovador de Salta, y de dos representantes del Partido Justicialista, Alejandro Cecco y Omar Esper.

Ante esta situación, el Senado provincial inició el proceso de propuesta y designación de los nuevos auditores generales, que no estuvo exento de polémica porque, según reclamaron algunos bloques legislativos, no se respetó la proporción ni la representación de las minorías parlamentarias.

Las principales quejas llegaron desde el bloque de la Unión Cívica Radical ya que, una vez superada la etapa de impugnaciones a los candidatos propuestos, fueron ratificados en sus cargos los mencionados Muratore y Esper, a quienes se sumó Gustavo Ferraris, del partido Salta Nos Une (SNU), y así la UCR no pudo lograr el nombramiento de un auditor de su espacio.

Los juramentos de los flamantes controladores de la provincia fueron tomados por el vicegobernador, y presidente del Senado local, Miguel Isa, y luego trascendió que Salvatierra, que tiene mandato hasta 2020, fue reelecto como presidente de la Auditoría, cargo que ocupará hasta diciembre de 2018.

Así, el organismo de control salteño completó su cuerpo colegiado y funcionará como una de las tres Auditorías Generales que tiene la Argentina en actualidad, junto a la nacional (AGN, que por cierto no sesiona hace casi un mes, por la situación judicial de su presidente Ricardo Echegaray), y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGCBA).