Los concejales Martín Rosúa, de la UCR, Alejandro Roselló, del PRO, y Diego Giuliano, de Rosario Federal, presentaron oficialmente la semana pasada un proyecto para la creación de la Oficina Municipal Anticorrupción, que se debatirá antes de fin de mes en el Concejo Municipal.

La iniciativa, que apoyaron la presidenta del Concejo, la radical Daniela León, y el vicepresdidente primero, el macrista Carlos Cardozo, propone que la conducción del organismo de control esté en manos de la primera minoría tomando en cuenta las últimas elecciones.

El primer objetivo del organismo será fijar políticas y parámetros de transparencia para el ejercicio ético de la gestión municipal que provoquen mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos, por lo que podrá también presentar las modificaciones legislativas que favorezcan estos criterios.

Su labor se reflejará, a su vez, en trámites más sencillos, rápidos, y sin inconvenientes para los rosarinos, en materia de convocatorias a licitaciones y procedimientos de compra ordenados y que cumplan con todos los controles y verificaciones que garanticen la plena satisfacción en servicios y prestaciones municipales.

En ese sentido, el concejal Rosselló explicó al diario La Capital de Rosario que "la creación de una Oficina Anticorrupción tiene que verse como una respuesta concreta al reclamo de transparencia que demanda la sociedad", y añadió: "Mediante este proyecto nos propusimos superar cualquier tipo de barrera partidaria y trabajar en conjunto para generar un órgano de control que signifique una mejora en la calidad institucional de la ciudad".

Para incentivar y evaluar el cumplimiento de los estándares que se van a elaborar, trascendió que la idea es establecer controles periódicos, auditorias específicas y programadas, sumados al tablero de control de gestión, y además se fijarán pautas de detección de alertas tempranas y posibles desviaciones, previniendo así conductas corruptas antes que se produzcan y evitando perjuicios e impactos negativos en la ciudadanía.

A su vez, la Oficina podrá recibir denuncias de los vecinos, o investigar de oficio ante una sospecha de corrupción respecto de funcionarios estatales, particulares y empresas privadas que tuvieren directa o indirecta relación con el Estado, sus proveedores, contratistas, concesionarios de obras o servicios públicos y todo aquel que pueda tener una relación parcial o permanente con el Municipio de Rosario, incluyendo a aspirantes en procesos licitatorios.

"No estamos hablando de alianzas electorales sino de coincidencias estratégicas para mejorar la calidad institucional del municipio, permitiendo la participación de los vecinos en los controles", enfatizó el edil Giuliano, y añadió: "No estaría bueno que el Ejecutivo Municipal vea esta propuesta plural como una amenaza, porque no lo es. Más que una amenaza, es una oportunidad de hacer un seguimiento en tiempo real de todos los procesos administrativos, licitaciones, habilitaciones, inspecciones y contratos de obras públicas en los que interviene la Municipalidad de Rosario”.

Para el mejor desarrollo de los objetivos fijados se diseñará un Plan de Acción Anual que definirá las áreas críticas y criterios de significación institucional, con participación ciudadana. La ejecución de esa hoja de ruta será evaluada en el Informe Anual que la Oficina elevará al Concejo Municipal, la Intendencia y el Poder Judicial, para que en su caso proceda en las situaciones presuntamente ilícitas.

Según estipula el proyecto, el Director de la Oficina Anticorrupción será propuesto por la segunda fuerza que más votos obtenga en las últimas elecciones municipales y tendrá un mandato de cuatro años. Su rango será de secretario a nivel municipal y deberá presentar anualmente un informe con todas las investigaciones, sumarios y propuestas realizadas.