Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que un organismo público de Córdoba encargado de llevar adelante obras de infraestructura adjudicó en los últimos años emprendimientos que registraron sobreprecios de hasta el 148%.

Se trata del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), creado en 2000, que nuclea a 44 comunas de la provincia mediterránea y que realizó en esas ciudades desde el asfaltado de calles hasta la construcción de un puente, pasando incluso por el techado de un anfiteatro, todo con fondos provenientes del Estado nacional. 

La AGN aprobó su investigación en la última reunión del Colegio de Auditores, el 29 de junio (al cierre de esta edición, aún no había sido publicado en la web del organismo) y, a partir de la difusión de sus hallazgos, una asociación cordobesa vinculada a la transparencia en la gestión pública denunció penalmente a quien fuera titular del Eninder hasta diciembre del año, Eduardo Acastello, a la vez exintendente de la localidad de Villa María.

El informe

Según la Auditoría, el Eninder contrató a empresas para ejecutar trabajos sin ningún control de otros organismos nacionales, provinciales o municipales.

Asimismo, varias de las adjudicaciones se hicieron mediante contrataciones directas y concursos de precios “sin publicidad ni sustento legal”, cita el diario cordobés La Voz del Interior.

Otro punto que destacó la AGN fue que existieron retrasos en los plazos de ejecución en un 80% de las obras examinadas, sin que hubiera documentación que fundamente las demoras.

Trascendió que el Ente Intermunicipal, además, cobró por adelantado varios trabajos que no se hicieron, lo que le generó excedentes financieros a su favor. La Auditoría observó que ese dinero, recibido desde el Estado nacional, fue depositado en plazos fijos que rindieron intereses por $ 1,5 millón. La prensa cordobesa informó en las últimas horas que desde el Eninder aseguraron que esos ingresos pasaron a formar parte de sus balances.

Para completar el cuadro, la investigación remarcó que el organismo cobró $ 5,6 millones por su tarea como intermediario entre la Nación y los municipios de la provincia, y que sólo el 4% de las rendiciones de cuentas de esos fondos fueron presentadas en término.

Por otra parte, se encontraron “órdenes de pago duplicadas e imputaciones imprecisas de gastos”, dijo la AGN, y añadió que el Eninder realizó transferencias a las empresas que llevaron adelante los emprendimientos por cifras que oscilaron “entre el 4,8% y el 17,36% de los montos estipulados en los contratos”.

En cuanto a las obras, la investigación detalla el caso del puente que une las localidades de Villa María y Villa Nueva (foto), en el que las “insuficiencias del proyecto original” provocaron que se tuviera que relocalizar la obra, que finalmente terminó costando $ 24 millones, 10 millones de pesos más que lo previsto.

La historia

El trabajo de la Auditoría no es el primero que observa la gestión del Ente Intermunicipal. De hecho, en 2009, un miembro del Tribunal de Cuentas municipal de Villa María, denunció irregularidades en la administración del organismo.

Fue José Naselli, quién había pedido a la justicia que investigue las transferencias de fondos entre ese mismo municipio y el Eninder. La particularidad era que, en aquel momento, ambos espacios eran comandados por la misma persona, Eduardo Acastello.

Sin embargo, a los pocos meses de esa presentación, un fiscal de instrucción archivó el expediente por considerar que la situación no suponía delito.

La denuncia penal

Acastello dejó los dos cargos que ocupaba, el de intendente de Villa María y titular del Ente Intermunicipal, en diciembre del año pasado. Desde entonces, el organismo dejó de planificar obras de infraestructura y, actualmente, sólo hace cursos de capacitación en los 44 municipios cordobeses que lo integran.

No obstante, a partir de la difusión de los hallazgos de la Auditoría General de la Nación, el exjefe comunal fue denunciado penalmente por la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad de Villa María, que le atribuye los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

La denuncia se hizo ayer en la justicia federal de ese pueblo cordobés, pero podría pasar a la porteña, que ya tiene varias causas por el manejo de la obra pública.