El Estado nacional le transfirió $ 185 millones a un ente cordobés que nadie puede controlar
Los fondos salieron de áreas como la Subsecretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional hacia el Eninder, que ejecuta obras en 44 municipios mediterráneos y que, por su naturaleza, no está alcanzado por ningún organismo de fiscalización. Según la AGN, hubo demoras en rendiciones de cuentas y “debilidades de los controles en todos los emprendimientos”.
Para llevar adelante obras en diversos municipios de Córdoba, varias dependencias de la Administración Central le transfirieron más de 185 millones de pesos a un ente que no puede ser controlado por ningún organismo nacional, provincial ni municipal.
El hallazgo figura en un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN), y el destinatario de los recursos en cuestión fue el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER), un área “concebida en el marco de saneamiento fiscal de Córdoba que, sin embargo, carece de especificaciones sobre la rendición de cuentas”, dice la investigación, y añade que esos detalles de transparencia “tampoco fueron incluidos en su estatuto de creación”.
Los técnicos de la AGN explicaron que, por su naturaleza interjurisdiccional, el Eninder “no está alcanzado por el control de los Tribunales de Cuentas Municipales, y no tiene que inscribirse en la Inspección General de Justicia (IGJ), ya que no responde a ningún tipo societario contemplado para hacerlo; de este modo, sus Estados Contables y Memorias no son presentados ante ningún organismo de control”.
El informe fue aprobado a fines de junio e impactó tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. Al margen, la lupa de la Auditoría estuvo puesta en los organismos desde dónde salieron los $ 185 millones.
Es que estos espacios, llamados Unidades Ejecutoras Nacionales (UEN), “consintieron que la gestión de los fondos públicos transferidos estuviesen a cargo de un Ente cuyo desempeño no está alcanzado por el control de ningún Organismo Nacional, Provincial o Municipal, sin haber establecido pautas específicas de control, ni cuál sería el órgano que las llevaría a cabo”.
De hecho, dos de estas UEN, la Subsecretaría de Obras Públicas (SSOP) y su par de Coordinación de Obra Pública Federal (SSCOPFE), ambas bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, “actuaron sin tener aprobados los respectivos Reglamentos Particulares de los programas bajo los cuales se gestionaron obras”.
¿Qué significa esto?, que los proyectos de la SSOP se ejecutaron mediante el Programa Presupuestario 50, denominado Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas; mientras que los de la SSCOFE se hicieron a través del Programa Presupuestario 86, Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana para Municipios. Al cierre de las tareas de campo de la Auditoría, la aprobación de los Reglamentos Particulares “registraba una demora de más de cinco años”, y se destacó que “la finalidad” de estas reglas “reside en clarificar las acciones vinculadas con las transferencias de recursos públicos”.
Más allá de los reglamentos particulares, la Auditoría añade que “estas Unidades Ejecutoras Nacionales no impulsaron los procedimientos previstos en el Reglamento General para la Rendición de Cuentas ante las demoras en que incurrieron todos los Municipios en presentar” detalles de sus gastos.
En ese sentido, el informe aclara que “la mayoría de las comunas incurrieron en demoras de más de 30 días en las presentaciones de rendiciones de cuentas, y pese a ello el Gobierno Nacional continuó transfiriendo fondos sin interrupción”.
Por otra parte, “la debilidad de los controles de las obras por parte de las Unidades Ejecutoras Locales y las Nacionales es un rasgo que caracterizó a todas los emprendimientos analizados en la muestra. No constan que se hayan labrado actas de inspección, ni órdenes de comienzo de tareas, ni indicaciones sobre la ejecución de los trabajos, ni apercibimientos sobre el ritmo lento de las mismos”.
Con respecto a las obras en cuestión, en las que se encontraron sobreprecios, contrataciones directas por montos que excedían la normativa vigente y también falta de control, en la próxima entrega El Auditor.info publicará los detalles que figuran en la investigación de la AGN.
