Mientras avanza una investigación judicial por una supuesta estafa con medicamentos oncológicos dentro del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, se conoció un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense que advierte sobre la falta de rendición de gastos de parte de la entidad sanitaria por casi $ 56 millones.

La información se conoció en las últimas horas pese a que, según el organismo de control, los desembolsos en cuestión corresponden al ejercicio 2013.

Es que dar con esa información no fue del todo fácil. De hecho, trascendió que a mediados de 2014, la Delegación Relatora del organismo de control ya había comenzado a reclamar las rendiciones de cuenta del IOMA que detallaran los movimientos del segundo semestre de 2013, sin demasiado éxito.

Pero la obra social entregó sus datos por partes; primero envió las rendiciones correspondientes a julio, agosto y septiembre de aquel año, mientras que, tras un nuevo reclamo del Tribunal, dio finalmente los números del último trimestre.

Dice el fallo del organismo de control: “Del análisis de las respuestas elevadas (a los sucesivos reclamos) surgió que el organismo remitió las rendiciones faltantes y, del análisis de las mismas, surge un faltante de $ 55.901.921,55, según las conciliaciones realizadas por los descargos llevados a cabo por el organismo y el movimiento de fondos presentado, y entre los descargos y el pagado presupuestario”.

A partir de esto, el Tribunal impuso multas económicas a Antonio Atilio La Scaleia (presidente de IOMA hasta diciembre del año pasado); Alejandro Fernández (exdirector general de la Administración); Bernardo Rodríguez (exdirector de Finanzas); Andrea Sara Mulinaris (exjefa de Departamento de Rendiciones de la Dirección de Finanzas); y Leticia Barceló Bovari, quien sigue cumpliendo funciones en el área de pagos del IOMA.

Algo similar ocurre con Bernardo Rodríguez que, pese a estar denunciado penalmente por los profesionales de la obra social (Ver El lado judicial), logró obtener un recurso de amparo que impide que se lo aparte del Instituto.

Otro que está denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito es La Scaleia. Es que el extitular del IOMA aparece mencionado en la investigación denominada Panamá Papers por haber constituido una empresa off shore con miembros de una sociedad de internación domiciliaria denominada Juntos en Casa, que prestaba servicio a la obra social bonaerense.

El lado judicial

Como ya se dijo, este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas bonaerense se conoce en medio de una investigación judicial sobre una supuesta estafa con medicamentos oncológicos dentro del IOMA.

Esta causa surgió tras una nota publicada por el Diario Hoy en diciembre de 2011, en la que se advertía que desde la obra social se prescribían remedios de alto costo a personas fallecidas y afiliados ficticios. Estos medicamentos luego eran vendidos en una supuesta red clandestina conformada por farmacias de La Plata y del interior bonaerense. A ello se le sumaron denuncias presentadas por la Asociación de Profesionales del IOMA vinculadas a la utilización de troqueles irregulares.

Varias de las falencias en el IOMA, según la división Relatora del Tribunal, se informaron en el análisis del ejercicio 2012. Y, ante la falta de soluciones, al año siguiente el ente mantuvo las advertencias sobre el accionar de tres agentes; Marcelo Piergiácomi (alias Pier), Sergio Leonardo Massaccesi y Guillermo José Hernández Plata, de los cuales “los dos primeros se encuentran sin concurrir a sus lugares de trabajo, procediéndose a la retención de los haberes. Con respecto al último, no se ha propuesto su contratación, resolviéndose la rescisión de su contrato", señala el más reciente fallo del organismo de control.

Piergiácomi y Massaccesi fueron funcionarios del área de Farmacia en el Instituto y son dos de los principales implicados en la causa de los medicamentos oncológicos. Estuvieron presos y, si bien siguen procesados y están cerca de ir a juicio oral, fueron beneficiados con una excarcelación extraordinaria dictada por el juez César Melazo. Según consta en los registros de la Anses, Pier fue empleado de IOMA hasta enero de este año, mientras que Massaccesi seguiría manteniendo relación de dependencia con el Instituto.