Durante el 2013 “entre 20 y 30 minutos fueron suficientes para controlar al 70% de los servicios de vigilancia de las dependencias porteñas”, según revela un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Para evaluar a las cuatro empresas externas que colaboran con la seguridad el tiempo se reduce a “entre 10 y 20 minutos”.

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, es la encargada de prestar los servicios de vigilancia y de resguardar el patrimonio de las distintas dependencias del Gobierno porteño, ya sea con agentes propios o a través de empresas privadas a las que debe supervisar. Además, es la responsable de “establecer los parámetros técnicos a los que deben ajustarse las contrataciones de los servicios de vigilancia y custodia”.

Entre los 39 objetivos que tiene a su cargo, se destacan el Canal de la Ciudad, los hogares Raimondi y San Martín, el Ministerio de Educación, la Sede de Gobierno, el Museo Quinquela Martín y el CESAC Nº 9.

Durante el 2013, año que evaluó la AGCBA, “el área menos controlada, de la muestra de 10 sectores, fue la Sede de Gobierno a la que solo se la visitó en 17 ocasiones”. Teniendo en cuenta que “durante todo el período se realizaron 275 inspecciones”, el porcentaje que representa es de “solo el 6,18% del total”.

La Dirección General de Tesorería, por su parte, “fue la más controlada con 46 visitas, lo que equivale a casi el 17% del total de objetivos auditados”.

En comparación, mientras que la Sede de Gobierno fue visitada, en promedio, cada 21 días, la Dirección de Tesorería lo fue cada 8. Esta situación refleja “la falta de un criterio uniforme que establezca una frecuencia en las inspecciones para no incurrir en omisiones o repeticiones a fin de lograr que todos los objetivos sean relevados correctamente”.

Del análisis de los formularios de control, que son los documentos donde se asientan las visitas efectuadas para monitorear los servicios se seguridad, se desprende que “entre 20 y 30 minutos resultaron suficientes para evaluar el 70% de las 655 operaciones de fiscalización”.

Estos documentos, detectó el equipo de auditores, “no están intervenidos por ninguna autoridad superior al agente que hace las registraciones, por lo que no se descarta la posibilidad de que los mismos puedan ser rehechos”. Además, “no se cargan a ningún sistema informatizado ni se archiva en biblioratos”.

Por otro lado, en 156 operaciones de control “no se encontró el inventario de armamento en los diferentes objetivos evaluados”, lo que representa casi un 24% del total.

Seguridad privada

Al cierre de la auditoría, que fue aprobada en 2015, “existían 465 objetivos atendidos por cuatro empresas privadas”. En 348 casos “se detectó que los agentes no tenían credencial identificatoria” pese a que “por ley el personal de seguridad debe portar consigo la acreditación de su alta en el registro para desarrollar la actividad y la debe mostrar siempre que le sea requerida por una autoridad competente”. Es más, cuando estén en lugares de acceso público, dice la normativa, “debe ser portada de forma visible”.

También se encontraron agentes sin habilitación, para el año auditado sumaban 370. De ellos, 63 pertenecían a la empresa Briefing Security SA, 45 a Comahue Seguridad Privada, 149 a Lideres Consultores de seguridad y 113 a Murata, Yusion y Verini Security.

Por otra parte, “en 106 casos se encontró vigiladores sin equipos de comunicación” y en “129 controles se observó que no había o no funcionaban los botones antipánico”.

Sobre las órdenes de servicio, que organizan las tareas de vigilancia, establece la cantidad de gente y las asigna por turnos; la AGCBA detectó 452 casos de 1295 analizadas sin la orden y 150 con el plan desactualizado.