El programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO –COM) está orientado a quitar de la vía publica los vehículos abandonados para limpiarlos y convertirlos en chatarra. Según la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), para supervisar y controlar estas tareas, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes “contó con solo tres agentes durante el 2013, año en el que se compactaron 1559 piezas”.

Según especifica el informe, aprobado en 2015, “uno de los empleados es el encargado de recepcionar y presenciar la compactación en el predio de la calle Herrera, otro se encarga de actualizar las bases de datos y el tercero elabora las distintas disposiciones y legajos”.

El proceso consta de varios pasos y comienza con la denuncia de un vehículo abandonado a través de un llamado en la línea 147 o a través de la página web de la Ciudad. Una vez que la Dirección General de Seguridad Vial, “lo ingresa al sistema envían una inspección del rodado y se le adhiere un sticker con aviso de remoción”. Posteriormente se notifica al titular.

Cumplidos los diez días hábiles después de la inspección y los 15 post notificación “el rodado es removido de la vía pública y trasladado al predio del Gobierno porteño en Herrera 2116”. Allí hay un libro “en el que el personal de la Dirección registra diariamente la cantidad de vehículos que ingresan”. 

Sin embargo, el equipo de auditores manifestó que, por un lado “las firmas que figuran en el inventario de recepción de vehículos están sin la aclaración correspondiente”. Además se verificó “la falta de procesos formales en el circuito de compactación, en las cuestiones administrativas y en los registros y formularios”.

Por otro, el predio de la calle Herrera “incumple con la normativa vigente al no poseer el certificado de aptitud ambiental”.

Durante el año 2013 se anotaron para el proceso de compactación 1559, de los cuales 1498 fueron efectivamente convertidos en chatarra, mientras que 47 fueron entregados a sus dueños, cinco estaban pendientes de compactación y ocho no estaban identificados. 

Al respecto, la AGCBA detectó que para el 4 de junio de  2013 “se compactaron 111 automóviles y 100 motos, lo que resulta materialmente imposible”.

Una vez recepcionados los automóviles, es el personal de la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan el que “elabora un inventario del vehículo, tanto de su situación interna como externa”. En la descripción se incluye el modelo, color, marca, dirección en la que se localizó, entre otros datos.

¿Por qué el Garrahan interviene en el circuito de autos abandonados? Porque a partir de la firma de un convenio la fundación de dicho centro de salud, el hospital “se queda con lo que resulte de la venta de la chatarra, debiendo reservar un 10% para el Ministerio de Justicia porteño, a través de la Dirección auditada”. Dicho fondo, creado para cubrir los gastos originados de posibles litigios en relación a la recolección de vehículos, “se encuentra en poder de la Fundación”.

Luego del registro de las características del auto se procede a asignarle un número único correspondiente Programa de Compactación. Sobre este punto la AGCBA detectó “la utilización de números “bis” y la falta de integridad de información”, dado a que no existe una continuidad en la numeración asignada. De hecho, del control de la base de datos del PRO- COM surge que “faltan 830 números en la correlatividad”.

Conforme a la legislación vigente, “los vehículos antes de ser compactados son sometidos a un proceso de descontaminación”. En él, se le retira la batería y los tubos de gas, entre otros elementos, “a fin de darle un tratamiento especial”.

La empresa Scrap S.A es la que adquiere la chatarra, la compacta y emite un remito con el detalle de los kilos compactados. Las planchas que surgen de este procedimiento son llevadas hasta un molino ubicado en Campana donde se realiza la separación de los distintos elementos plásticos y metálicos. En función a ese producto, la empresa le paga a la Fundación.