Durante 2014 la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que las empresas que prestan el servicio de alimentación a las escuelas públicas porteñas repitieron 393 veces 47 incumplimientos al pliego de contratación firmado.

El dato se desprende del análisis del servicio de comedor contratado por la Dirección General de Servicios a las Escuelas. Desde 2014 al fin del ciclo de 2016 se adjudicó la prestación a 21 concesionarios por un total de $2.150 millones.

En caso de incumplimiento, el pliego prevé la aplicación de penalidades al adjudicatario, aun cuando el contrato se encuentre finalizado. En su informe los auditores destacaron que “no pudieron verificar lo declarado por cada planta” ya que la información estaba cargada en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) a la que no tienen acceso.

Por ello se le pidió saber a la Dirección General de Compras y Contrataciones si durante el 2014 se impusieron penas y la respuesta fue que “había 126 expedientes iniciados ese año, que totalizan los 47 incumplimientos” que fueron mencionados al inicio de la nota, pero la dirección no le entregó a la AGCBA dicha documentación. Todas las empresas concesionarias y unidades productivas registraron al menos un incumplimiento.

Al respecto, también se observó una “demora injustificada” en el trámite de penalidades ya que hubo casos en los que el legajo no tenía movimientos desde hacía 12 meses”.

En la oferta, las empresas tenían que declarar, entre otras cuestiones, las características técnicas de la cámara frigorífica, las instalaciones de la planta y el vehículo para el traslado. Ante la imposibilidad de acceder al SADE, la información se brindó en un CD pero “estaba incompleta y no era uniforme”, actitud considerada por la Auditoría porteña como “un modo de eludir el control”.

Yendo a lo particular, el equipo de la Auditoría porteña expuso que durante la elaboración de los sándwiches del refrigerio dos plantas “ponían como fecha de elaboración el día de la distribución, es decir, un día después”. Ésta práctica, señala el informe, “es inadecuada y resulta riesgosa para el consumidor e incumple con lo que está establecido en el pliego que “la durabilidad del sándwich es de 24 horas”.

El informe también deja en manifiesto que “en el 30.4% de los casos, las concesionarias no poseen certificados bacteriológicos de quesos y fiambres realizados por la empresa elaboradora”.

En “el 21,7% de los casos se observó la falta de un registro de limpieza y desinfección de las distintas áreas de trabajo”, mientras que la no utilización de guantes y/o barbijos a la hora de manipular alimentos listos para su consumo tuvo una incidencia del 30%”.

Cinco empresas concesionarias, dice el informe aprobado en 2016, tenían las cámaras frigoríficas, donde había alimentos en conservación, “a temperaturas inadecuadas”. En todas las firmas que envían las preparaciones listas para consumir “faltaba un examen bacteriológico periódico, fundamental para confirmar la higiene” y en el 39% “falta total o parcial de elementos para higiene personal”.

Entre otras de las observaciones también se destaca que “en el 60% de los casos no había una muestra testigo de la preparación del día para eventuales controles de calidad”.

Habilitaciones

Por último, el informe de la AGCBA detalla la situación de algunas plantas. En el caso de Sucesión de Rubén Martín S.A. no pudo verificarse su habilitación. Alimentos Integrados S.A. estaba habilitado como casa de comidas, “rotisería”, mientras que la Cooperativa de Trabajo Evencoop estaba habilitada como “comercio minorista de productos alimenticios en general, sin elaboración de pan”.

Sobre este último, los auditores agregaron que funcionaba sin la autorización de la Dirección General de Servicios Escolares, que había suspendido el servicio por falta de garantía en la inocuidad de los productos.