Una obra hecha en Salta, y financiada por el Estado nacional, muestra “serios problemas de construcción” y representa un “riesgo” para sus usuarios.

Se trata de un Centro Integrador Comunitario (CIC), que fue edificado en el pueblo de Tartagal. El dato aparece en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó cómo gestionó el municipio los fondos transferidos entre 2009 y 2012 desde distintos ministerios de la Administración Central, con los que se hicieron varias obras. 

“Independientemente de la calidad de los materiales”

La AGN examinó tres centros integradores levantados en Tartagal. Con respecto al llamado CIC Sur, se observaron “deficiencias constructivas que, independientemente de la calidad de los materiales, condicionan la vida útil de la edificación y la seguridad de quienes la transitan”. 

Además, los técnicos enumeraron los ya mencionados “serios problemas en la construcción”, destacando “bases inexistentes de columnas, columnas fuera de plomo, mamposterías fuera de plomo y línea”, que a su criterio evidencian “la ausencia de controles técnicos y constituyen un riesgo de daño civil”.

El CIC Sur tiene 820 metros cuadrados, que incluyen playón deportivo y vestuario. Según los cálculos iniciales, los trabajos debían durar unos ocho meses. Sin embargo, cuando la Auditoría visitó el lugar, “la demora era de 40 meses y faltaba ejecutar el 50 por ciento de la obra”.

Por otra parte, en el pueblo salteño se hizo una “refuncionalización de cuatro edificios de 317 metros cuadrados”, para instalar allí el Centro Integrador Rural. 

El plazo para culminar los trabajos también era de ocho meses y, hasta los técnicos hicieron su supervisión, “tenía un avance del 72%”.

“En el caso del SIC Norte no se tuvo el final de obra”, dice la Auditoría nacional y amplía que “el Municipio no suministró documentación que justifique los retrasos, ni actas de inspección, ni la realización de apercibimientos por las demoras”.

Para completar, el informe apunta que “existieron retrasos de los plazos de ejecución” en cuatro de las cinco obras analizadas, “sin que conste en la documentación relevada razones que justifiquen las demoras”.

“Importantes fallas”

“Los Fondos transferidos por el Gobierno nacional no fueron ejecutados de forma eficiente y eficaz por el municipio de Tartagal y se detectaron dos importantes fallas”, sentencia la Auditoría en referencia, primeramente, a las mencionadas demoras en contrataciones e inicios de obras y, en segundo término, a la inmovilización de recursos. 

Como ejemplo, el informe rescata un convenio firmado entre el Ministerio de Planificación Federal y la Municipalidad, mediante el cual la comuna recibió, en noviembre de 2012, $ 3.308.482. Cuenta la AGN que, “ocho meses después” de ingresado el dinero, se ejecutaron $ 1.869.817 para la construcción de gaviones de defensa en el Arroyo Cuña Muerta. 

El tema fue que entre Nación y Tartagal habían acordado que esos trabajos costarían $ 1.764.472, “con lo cual se erogó $ 105 mil de más y quedó sin desembolsar el 43,4 del total de recursos enviados”, completa el organismo de control.

Además, llegaron al pueblo salteño $ 886 mil que formaban parte del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). La idea era cambiar 1.431 luminarias, pero, “sólo se ejecutò $ 487 mil, o sea el 50% y se adquirieron 571 luminarias”, reveló la Auditoría, y agregó: “Con el monto restante solo se podrían adquirir 365 luminarias, debido a las demoras y a los aumentos en los precios por el tiempo transcurrido”.

¿Cómo terminó la historia? El informe narra que “la dilación por parte del Municipio en la afectación del monto convenido, debido a la falta de rendición de cuentas, resultó desventajosa para la ciudad de Tartagal, ya que se adquirió menos de la mitad de la cantidad de luminarias y con una diferencia entre la primera y la segunda compra del 78%”.

Cuentas claras

El último párrafo de la AGN menciona un elemento central en la investigación: las rendiciones de cuentas de Tartagal sobre los fondos que le llegaron desde el Estado nacional.

En ese sentido, la investigación afirmó que “se constataron atrasos de entre 400 y 1.511 días con respecto a la fecha en que deberían realizarse” la justificación de los desembolsos.

Pero la cosa no quedó ahí. Es que, si el beneficiario no cumplía con ese trámite, la Nación estaba obligada a llevar adelante un reclamo formal y, en este punto también hubo demoras que oscilaron entre los 1.000 y los 2.229 días. 

En tanto, el organismo de control también descubrió que hubo un envío de dinero del Ministerio de Salud en el que “no se implementaron mecanismos legales para garantizar el destino y la intangibilidad de esos fondos”. ¿Qué pasó? Resulta que Tartagal recibió 165 mil pesos, que luego los envió a otra ciudad, Orán, “y no se pudo encontrar documentación ni respaldo legal de esa transferencia”.
  
Por último, la AGN observó que la comuna de Tartagal “firmó contratos para realizar contrataciones directas”; puntualmente hubo dos, de $ 1.3 millón y más de 2 millones de pesos, “cuando el tope para este tipo de operación es de 615.600 pesos”.