La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un análisis del proceso de extinción del Contrato de Concesión de la Autopista Pilar - Pergamino y observó que “la liquidación final fue de $526 millones", mientras que los ítems reconocidos por el Estado "totalizaban $299 millones”.

En 2006 el Estado Nacional le otorgó a Corredor Americano SA (CAME) la concesión de obra pública por peaje de un tramo de la Ruta Nacional 8, puntualmente desde Pilar hasta Pergamino.

Si bien el contrato era por un plazo de 30 años, la concesionaria solicitó la revisión de la ecuación económica, de la que ya se ha expedido El Auditor.info . Pasados tres años, de mutuo acuerdo ocurrió la extinción contractual en la que los auditores detectaron “fallas de control que repercutieron en los montos compensados”.

Uno de los puntos que originó esta situación fue la falta de implementación de un Registro de Inversiones por parte del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que “privó al Estado nacional de una herramienta fundamental al momento de la extinción de la concesión”.

Es que en él “debían figurar las inversiones en bienes, obras e instalaciones realizadas”, entre otras cuestiones. Ante esta falta, el OCCOVI determinó que “la inversión a reconocer era de $171 millones”. El cálculo lo hizo mediante la información proporcionada por el concesionario, que al fin y al cabo es el interesado, “sin ninguna verificación física de los montos efectivamente invertidos en obra”.

El informe, que evaluó todo el proceso que se inició en abril de 2010 y finalizó en noviembre de 2013, deja expuesto que “en la liquidación aprobada el concedente incluyó ítems no autorizados como el pago al personal, por $5 millones y el costo financiero no amortizado por casi $19 millones”,

A ello se le agrega que “el OCCOVI se apartó del criterio de amortización considerado dentro del contrato y benefició a Corredor Americano SA al reconocerle una amortización acumulada menor”. Mientras que para el organismo estatal fue de $165 millones, para la AGN fue de $161 millones.

También se detectaron falencias formales como “la ineficiente gestión de guarda y custodia del expediente” que agrupa tanto el Contrato de Concesión como a todos los movimientos del mismo, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad como del OCCOVI.

De hecho, le habían informado a la AGN que tenía a su disposición todo el expediente pero después resultó que faltaban varios cuerpos y que “ellos mismos desconocían la ausencia”.