Publicado: 25-10-2016

Mendoza.- La posibilidad de que Argentina gane más presencia como tomador de créditos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) abre varios frentes que incluyen a Mendoza. En principio, el organismo multilateral iniciará una auditoría al Tribunal de Cuentas de la provincia para determinar si está en condiciones de controlar la ejecución de préstamos que en adelante contraiga el Ejecutivo.

Una misión del Banco encabezada por la guatemalteca Claudia Carrillo Calenti llegará a Mendoza el próximo 29 de noviembre, para encarar un contralor durante una semana dentro de lo que se llama "marco de evolución de desempeño" del Intosai (siglas en inglés de la Organización Internacional de Entes de Fiscalización Superior). 

El monitoreo de Carrillo, uno de los dos expertos asignados por el BID para la fiscalización a nivel regional, se extenderá hasta el 7 de diciembre. Y será la primera de cuatro paradas, dentro de una evaluación que en el país también incluye a los entes de control de Buenos Aires y Río Negro, y la Auditoría General de Salta. 

"El propósito es saber cómo está el Tribunal en función de los parámetros internacionales actuales. Estos contemplan seis criterios: el mandato legal que tenemos, el proceso de juicio de cuentas, la gobernanza o administración, transparencia, comunicación y desempeño", explicó Marta Bombini, directora de cuentas de Gobierno para el Tribunal.

Plazos, un cambio clave

Por estos días, el ente capacita a su personal a la espera de la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Una premisa del proceso es el denominado "Rediseño del Cuadro de Mandos Integral", que involucra mejorar tiempos de resolución.

Entre pros y contras, el ente de control financiero provincial tiene a favor el hecho de que lleva más de 15 años desde que certificó normativa de calidad ISO y fiscaliza el estado contable de todas la áreas de Gobierno provincial y municipal, incluido los organismos descentralizados y entes reguladores. 

Una de las críticas que recaen en el ente son las demoras en el análisis de la rendición de cuentas de ciertos organismos (en algunos casos desde el 2014). 

Según Bombini, a la espera de un instructivo final del BID al cabo de la auditoría que empezó a gestarse en diciembre de 2015 "lo que busca el rediseño es modificar los indicadores de evolución del cuadro de mandos, como los plazos de resolución. De este modo, cada director sabrá cuándo vence el suyo para cada tema en particular".

Pero también hay cuestiones por las cuales al Tribunal de Cuentas le resulta de interés la visita de Carrillo. Es la certeza de que cada control a la ejecución de los préstamos le reportará ingresos extra, hasta ahora honorarios para consultorías privadas, "que van a servir para renovar bienes de capital", admite Bombini, como compensación al recorte de presupuesto para 2017.

La administración del financiamiento internacional carga en Mendoza un antecedente negativo. Es el de una denuncia que detonó en 2015 una causa ante la Justicia penal contra ex funcionarios de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional), brazo ejecutor del financiamiento internacional, por manejo irregular de fondos.

Asistencia en marcha

Precisamente, Mendoza participó en abril de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Bahamas. Y si bien está lejos de los U$S 1.100 millones de Buenos Aires, a partir de ese encuentro empezó a alargarse su lista de proyectos en competencia, entre los que están en ejecución con desembolso asegurado por parte del organismo financiero.

"Entre todas las modalidades, que contemplan convenios, programas y los proyectos directos, hay muchos y muy buenas iniciativas por ejecutar. Ahora mismo estamos identificando algunos que sabemos con certeza que tendrán financiamiento del BID a partir de 2017", anticipó el actual titular de la UFI, Alejandro Zlotolow. 

Actualmente, se ejecutan varios programas con dinero del Banco, algunos cerca de concluir, que se dividen entre los que exijan contraparte provincial (30%) y los que reciben pagos directos. Son los que el Tribunal de Cuentas provincial deberá fiscalizar si el BID da el visto bueno.

El PMGM (Programa de Mejora de Gestión Municipal), tras 10 años termina en diciembre con un presupuesto de más de $ 286 millones, el Dami (Desarrollo del Area Metropolitana e Interior), en su Etapa I que prioriza transporte público y seguridad y va hasta diciembre de 2017, aunque se viene la segunda etapa (mejoras ambientales).

Paralelamente está el PIM (Programa de Inversiones Municipales), y Mendoza Tecnológica, que empezó en 2014 para construir el Polo TIC. 

Con su contraparte provincial sigue vigente el Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales). Tiene 3 obras de canalización para riego, dos ejecutándose y otra en espera.

Respecto a los que esperan fondos para 2017, el funcionario hizo hincapié en un cambio de paradigma. "Desde 2017, el Estado debe empezar a funcionar con un presupuesto por programa. Por ejemplo, comprar una resma de papel deberá responder a un objetivo", consignó Zlotolow.