La importancia del gobierno abierto para garantizar el acceso al agua
El agua potable es un derecho humano esencial, según la ONU. Sin embargo, América Latina y el Caribe enfrentan graves problemas de acceso, abastecimiento, distribución y contaminación. Este sentido, la Iniciativa TPA identificó compromisos relacionados a la transparencia y rendición de cuentas para garantizar el derecho de acceso al agua de todos los ciudadanos y mejorar la prestación del recurso.
La Iniciativa TPA, que reúne a organizaciones de la sociedad civil, elaboró el documento ‘Hacia una perspectiva sectorial en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto’ que incluye compromisos sobre el agua en los Planes de Acción nacionales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
Sin embargo, América Latina y el Caribe enfrentan graves problemas de acceso, abastecimiento, distribución y contaminación de las aguas debido a los “altos índices de corrupción que prevalecen en la inversión para infraestructura”, “limitaciones en sus sistemas de rendición de cuentas y transparencia de la información”, lo que “dificulta el acceso a datos certeros y actualizados que permitan conocer cuál es el estado actual de los recursos hídricos”.
Aquí la importancia de los compromisos relacionados a la transparencia, participación y rendición de cuentas que buscan “garantizar el derecho de acceso al agua de todos los ciudadanos, el uso del agua para consumo humano, la conservación del recurso para las generaciones futuras, y una mejor y más eficiente prestación de los servicios de gestión y distribución” del servicio.
En este contexto, el primer principio es el Acceso a la información y datos abiertos relativos al agua, que implica la publicación de datos -concesiones o derechos de agua, ubicaciones de los puntos de captación, acceso y distribución, consumo, calidad, inversión- en formatos abiertos para facilitar el “involucramiento de la comunidad en esfuerzos de mejora de la gestión mediante la identificación de problemas y la planificación colectiva de reformas adecuadas”.
En Brasil, por ejemplo, el gobierno publica información sobre la ejecución del programa “Agua para todos” mediante un portal de datos. Ello permite el “monitoreo ciudadano continuo sobre el progreso y resultados en la gestión del programa, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas”.
Por otro lado, la Iniciativa TPA identificó al Desarrollo participativo y transparente de políticas de agua como otro compromiso relevante. Este se refiere a la adopción de “políticas de mapeo colaborativo de puntos de captación y descarga de aguas para mejorar la planificación, distribución y monitoreo de los suministros”.
De esta manera, la participación ciudadana en la planificación de políticas “puede contribuir a modificar la gestión e identificar necesidades de infraestructura“.
Por último, se encuentra la Rendición de cuentas e instituciones incluyentes, que insta a los ciudadanos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil a realizar “auditorías sociales o veedurías sobre los servicios de prestación y distribución de agua, e identificar irregularidades a derivar a organismos competentes para garantizar el acceso afectivo al agua”.
Paraguay adoptó este compromiso al involucrar a la sociedad civil y al sector privado en un diálogo multisectorial sobre la política de agua y saneamiento, facilitando así la participación ciudadana.
