Dos exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca fueron condenados a responder con su patrimonio por un caso ocurrido hace ocho años, en el que se encontró comida comprada por el Estado provincial, que debía destinarse a sectores vulnerables, en dos criaderos de cerdos.

Fue el Tribunal de Cuentas catamarqueño el que falló contra la extitular de la cartera, Marta Torres, y el exdirector de Stock y Control de Calidad, Mariano Varela, tras una investigación en la que también estuvieron implicadas otras diez personas (ver El tiempo, los implicados y las condenas).

La historia data de 2008. En aquel momento se descubrieron varias cargas de alimentos adquiridos por el Estado en dos porquerizas, una de la localidad de Miraflores y la otra en Nueva Coneta, ambos distritos del departamento de Capayán, que limita con la capital provincial.

Como la comida en cuestión debía llegar a personas de bajos recursos, el Tribunal de Cuentas local inició un sumario ni bien trascendió el caso.

Durante la investigación, el organismo de control observó “falencias en el proceso de verificación del estado de los alimentos, que se encontraban en el depósito de Desarrollo Social en El Pantanillo”, una localidad del departamento Capital que está pegada a Capayán.

Desde ese depósito fue que salieron los alimentos que terminaron en los chiqueros. El fallo del Tribunal dice que “el control sobre la mercadería era aleatorio, (se hacía) por fardo y no por unidad de producto, lo que pone en evidencia que no había una técnica específica” para chequear si la comida era apta para consumo humano.

El sumario detalló que en el primero de los hechos descubiertos, en la porqueriza de Miraflores, “la mercadería secuestrada ascendía a un valor de $ 4.072”, mientras que en el caso de Nueva Coneta, “los alimentos sumaban unos $ 15.257”.

Y luego del hallazgo, el organismo de control pidió la colaboración de la Universidad Nacional de Catamarca, cuyos técnicos concluyeron que la comida encontrada “estaba en buen estado”.

El tiempo, los implicados y las condenas

Pese a todos estos datos, para tener una respuesta sobre el caso hubo que esperar ocho años, hasta que el Tribunal de Cuentas se expidió con las dos condenas mencionadas y liberó de toda responsabilidad a los diez empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de los chiqueros.

El organismo de control explicó que el encargado de decidir quién pasaba a retirar mercadería del depósito de El Pantanillo, y qué cantidad se llevaría, era el entonces director de Stock y Control de Calidad, Mariano Varela, quien finalmente fue sancionado junto a la exministra, Marta Torres.

Según el fallo, conocido la semana pasada, ambos deberán devolver en forma solidaria los $ 4.072 que valía la carga encontrada en Miraflores; en tanto que sólo Torres tendrá que hacerse cargo de los $ 15.257 de la comida que se halló en Nueva Coneta.

Paralelamente, los dos exfuncionarios también fueron multados; la exministra repondrá $ 9.017 y el exdirector $ 8.841, montos que equivalen a 90 días de sus sueldos por los cargos que ocupaban en Desarrollo Social al momento de los hechos.

Sumando todas las penalizaciones, Torres y Varela están obligados a devolver $ 37.187, una cifra que representa los valores máximos que puede imponer como castigo el Tribunal de Cuentas en base a su ley orgánica, que no le permite actualizar los montos pese al paso del tiempo.