La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que reglamenta los contratos de Participación Público-Privada, entre el Estado y empresas particulares de la Argentina y del exterior.
La iniciativa fue respaldada por 48 votos a favor y 13 en contra, durante un debate que duró tres horas.
El proyecto fija normas para los contratos denominados de "Participación Pública-Privada", en referencia a aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional, en carácter de contratante, y sujetos privados, en carácter de contratistas.
La iniciativa busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.
Además, habilita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a celebrar este tipo de contratos "actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones en el sector privado".
Se busca implementar un nuevo modelo de ejecución y control de la obra pública, la mejora de la eficiencia, la baja de costos, la mayor competencia y la publicidad de cada una de las licitaciones.
El oficialismo y la oposición le introdujeron varias modificaciones al documento impulsado por el Poder Ejecutivo, algunas en el recinto de sesiones, entre las que se destacan el seguimiento de las contrataciones y la inclusión de una auditoría que deberá llevar a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, se garantiza la participación de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, las de capital nacional.
El presidente de la comisión de Infraestructura, el kirchnerista correntino Carlos Espínola, destacó que el proyecto enviado por el Ejecutivo es "una iniciativa que fue exitosa en otros países", pero destacó que "se debe lograr que su finalidad tenga aplicación federal para lograr obras de infraestructura también en el interior".
El radical santacruceño Alfredo Martínez, en tanto, destacó el "impacto general en la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas", mientras que su correligionaria tucumana, Silvia Elías de Pérez, aseguró que "los objetivos son aumentar la inversión en infraestructura".
El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió su apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional mencionando que "el Gobierno necesita contar con los instrumentos para llevar adelante su política económica".
Además, aprovechó para cuestionar la postura de algunos de sus compañeros de bancada que criticaban la prórroga de jurisdicción en caso de diferencias entre los inversores y el Estado.