Apenas 10 días después de que el Congreso de la Nación convirtiera en Ley el proyecto de acceso a la información pública, el Concejo Deliberante de Paraná, Entre Ríos, derogó una ordenanza que, justamente, garantizaba el conocimiento de los datos vinculados a la gestión estatal.

Esta determinación de los concejales ocurrió la 21 de septiembre, y norma derogada es la 8.323, denominada Sistema de Información Ciudadana.

La medida pretendía “facilitar el acceso simple, automático y libre a la información administrativa municipal, a cualquier persona que acceda al sistema o que así lo solicite”, y declaraba “de interés público a toda la Información Administrativa obrante en los archivos informáticos de la Municipalidad de Paraná, incluyendo la de los Departamentos Ejecutivo y Deliberante”.

“Art. 1°: Derogase la Ordenanza N° 8.323. Art. 2°: Comuníquese”, es el breve texto de la medida que eliminó un mecanismo de transparencia que los propios concejales de la capital entrerriana habían aprobado el 19 de noviembre de 2001.

¿Por qué?

El decreto derogado incluía un apartado dedicado a la información que tenía que publicarse con respecto a los recursos humanos de la Municipalidad de Paraná.

En ese sentido, debían difundirse -y actualizarse mensualmente-, las listas de funcionarios, con indicación de cargo, categoría y lugar de trabajo; personal de planta permanente, transitoria y contratados, escala salarial, categorías y montos adicionales; estatuto y escalafón municipal.

Según medios locales, uno de los principales motivos de la derogación del Sistema de Información Pública está relacionado a una serie de denuncias sobre contrataciones irregulares de personal que hicieron algunos concejales, para favorecer a familiares y punteros políticos.

Lo concreto es que, si bien la nueva ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la ciudad, lo que le da plena vigencia, la norma aún no fue incluida en el digesto jurídico que el Ejecutivo comunal tiene publicado en su web.