El Estado aumentó $77 mil millones los fondos para seguridad social y bajó la partida de vivienda

Durante los primeros siete meses de 2016, el Estado modificó varios ítems del presupuesto heredado de la administración anterior y, entre esas ampliaciones de gastos y reasignación de partidas, se destacan el aumento de los fondos destinados a la seguridad social, las relaciones exteriores y el Poder Judicial, junto al descenso de los recursos vinculados a vivienda y urbanismo, que además están subejecutados.

En términos nominales, la partida más importante del presupuesto nacional es la que corresponde a seguridad social, una función que forma parte de la finalidad Servicios Sociales. Este rubro había comenzado el ejercicio con fondos disponibles por algo más de $ 716 mil millones, en rigor, el 45,6% de todos los gastos previstos por el Estado para 2016.

Pues con el paso de los meses, el monto creció casi un 11%, es decir $ 77 mil millones, para alanzar un crédito vigente de $ 792.993 millones. Y, de esa cifra, se ejecutaron entre enero y julio unos $ 467 mil millones, lo que representa un 59% de los fondos en un lapso que equivale al 58,3% del tiempo transcurrido en el año.

No obstante, esa no fue el único ítem de Servicios Sociales que registró modificaciones en los primeros siete meses del año. Lo mismo pasó con la función salud, que pasó de casi $ 63 mil millones de crédito inicial a $ 67 mil millones de recursos vigentes, con un nivel de ejecución que llegó al 57%.

Una variación similar, en torno a los $ 4 mil millones, muestra la función promoción y asistencia social, que subió de $ 23 mil millones a $ 27 mil millones, de los que devengó hasta julio el 48%, lo que en números asciende a algo más de $ 13 mil millones.

Sin embargo, dentro de Servicios Sociales aparece uno de los rubros que vio recortado sus recursos en siete meses; se trata de la función vivienda y urbanismo, que inició el año con un presupuesto de $ 30.751 millones, pero que hasta el mes pasado contó con un crédito vigente de $ 26.813 millones.

Más allá de esta performance, la partida de vivienda y urbanismo ostenta otra particularidad: es la que menor nivel de ejecución registra de todo el presupuesto nacional. Es que, de esos casi $ 27 mil millones, se devengaron hasta julio $ 9.224 millones, es decir, el 34% del total disponible.

Casi la misma evolución tiene la función comercio, turismo y otros servicios, que forma parte de la finalidad Servicios Económicos. En este caso, hubo un recorte del 56% del presupuesto, pasando de $ 6.276 millones a $ 3.543 millones, de los que se ejecutó algo más de $ 1.500 millones, o sea el 44% del crédito vigente.  

Por otra parte, hay otros dos rubros que también están subejecutados pero que, a diferencia de vivienda y comercio, experimentaron una evolución inversa en estos siete meses.

Se trata, en primer término, de la función relaciones exteriores, que integra la finalidad Administración Gubernamental. Este ítem comenzó el ejercicio con un presupuesto de $ 9.728 millones y llegó a fines de julio con una partida de $ 15.749 millones, un monto que representa casi dos tercios más que la cifra original (61,8%). Sin embargo, de ese nuevo total, se ejecutaron unos $ 6.294 millones, que equivalen al 40% del crédito vigente.

En segundo término, aparece la función industria, que forma parte de la finalidad Servicios Económicos y pasó de tener fondos por $ 7.628 millones a disponer de casi $ 10.300 millones para atender sus objetivos. Igualmente, el rubro ejecutó hasta julio $ 3.831 millones, un 37% de su partida.

En cambio, el presupuesto nacional incluye rubros que están sobreejecutados, como administración fiscal y agua potable, que devengaron el 71%  y el 67% de sus respectivos presupuestos, pese a que sus recursos descendieron en estos siete meses.

Otro ítem que ejecutó fondos por un porcentaje mayor al tiempo transcurrido en el ejercicio (61%) fue la función judicial, dentro de la finalidad Administración Gubernamental. Pero, a diferencia de las dos anteriores, esta partida se incrementó entre enero y julio, pasando de $ 24 mil a 27 mil millones.

Números globales

Las variaciones presupuestarias también generaron que los gastos totales previstos para el año hayan aumentado (ver Antes del cierre): en efecto, a principios del ejercicio se habían proyectado desembolsos por $ 1.570.128 millones, pero al 31 de julio esa cifra trepó un 5,6% hasta los $ 1.659.969 millones.

De este monto vigente, se ejecutó en los primeros siete meses del año casi un billón de pesos, puntualmente unos $ 993.893 millones, que representan el 60% de los fondos disponibles, cuando ya pasó un 58,3% del ejercicio 2016.

Antes del cierre

Más allá de estos datos, que abarcan el período enero julio de este año, ayer -martes 23 de agosto- se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 886, con la que el Estado reasignó unos $ 11.500 millones, en mayor medida del presupuesto de la jurisdicción obligaciones a cargo del tesoro, para destinarlos a distintas iniciativas vinculadas al sector energético (Programa 29, Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas; Programa 73, Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos; y el Programa 74, Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica).